La decisión del Ministerio de Transporte de prorrogar por 18 meses a partir de su vencimiento las concesiones ferroviarias vencidas continúa generando polémica a más de dos semanas de su publicación en el Boletín Oficial.
Una veintena de organizaciones sociales, ferroviarias, gremiales y políticas, con la adhesión del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, emitieron un comunicado en el que rechazaron en duros términos la resolución 960/2022, que extendió el plazo de las concesiones heredadas de la década del 90 más allá del final de la actual gestión.
En su declaración, las organizaciones cuestionaron al gobierno por “mantener en este sector estratégico del transporte las privatizaciones menemistas que implicaron la entrega de soberanía y los negociados sin control” y criticaron que el gobierno retrocediera respecto de lo anunciado en junio de 2021 [la no renovación de los contratos], “cediendo a los concesionarios e insistiendo con un proyecto de futuras licitaciones con un esquema mixto”.
En este sentido, argumentaron que el gobierno desperdició una “oportunidad para terminar con este resabio de las privatizaciones menemistas” y para “recuperar para el Estado el estratégico transporte de carga y volver a tener un sistema ferroviario nacional integrado”.
A su vez, cuestionaron por qué Trenes Argentinos Cargas, dado su buen desempeño, no puede hacerse cargo de la prestación de los servicios en el resto de los corredores: “[Si] la empresa estatal TAC, que opera las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, aumentó en un 60% la carga transportada respecto al 2019, ¿por qué no generalizar ese avance tomando el control de todas líneas?”.
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La voz de estas organizaciones no es la única que se ha manifestado en contra de las prórrogas de las concesiones cargueras. Apenas días atrás de que se concretara, el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Daniel Vispo, había salido a sentar posición pública sobre el tema al asegurar que “ya no se puede seguir prorrogando más esas concesiones”.
En una dirección similar, su homólogo de ADIF-SOFSE, Martín Marinucci, se había manifestado a favor de que el Estado recuperara la administración de la infraestructura, lo que -dicho de otra manera- implica el fin de las concesiones integrales tal cual fueron prorrogadas por la resolución del ministro Giuliano.
Por fuera del gobierno, el secretario general del sindicato de maquinistas La Fraternidad, Omar Maturano, había dejado trascender el malestar sindical con el modelo “híbrido” que impulsaba el ministerio -que acabaría fracasando poco tiempo después- y había reclamado el fin de las concesiones remanentes y la absorción de estos servicios por parte de Trenes Argentinos Cargas.
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