El gobierno nacional continúa en su proyecto de achicamiento de Ferrocarriles Argentinos, basado en la transferencia de servicios ferroviarios prestados en el interior del país a las provincias.
Las autoridades buscan convencer al gobierno del Chaco de hacerse cargo de los trenes que la Operadora Ferroviaria del Estado opera en esa provincia desde el año 2010. La oferta de la Nación es hacerse cargo de los sueldos del personal (unos 357 empleados) por el plazo de un año o un poco más, enviar algunas duplas adicionales y proveer de durmientes de reemplazo para los tramos que estén deteriorados. Luego de ese plazo, la operación correría completamente por cuenta del Estado provincial.
El gobernador chaqueño Domingo Peppo, a quien parecía entusiasmarle la idea en un principio, adelantó que la provincia no se encuentra en condiciones de hacer frente a la operación: “Tenemos que ser sinceros, porque no podemos cubrir el déficit que tiene y no podremos afrontar los gastos que demanda tener en marcha este tren”, dijo en declaraciones al diario Norte. “¿Después, con qué dinero la provincia se hará cargo de seguir prestando el servicio?”, se preguntó.
[quote_box_right]”No podemos cubrir el déficit que tiene y no podremos afrontar los gastos que demanda tener en marcha este tren”, dijo el gobernador Domingo Peppo.[/quote_box_right]
La secretaria de Asuntos Municipales del ministerio del Interior y ex intendente de Resistencia, Aída Ayala, salió a responderle: “En tiempos más difíciles que ahora, nosotros teníamos a SEFECHA bajo órbita provincial y de alguna manera siempre lográbamos mantener la empresa en funcionamiento porque nació con sentido social destinada principalmente a las familias de menores recursos […] Como ex presidente de la empresa SEFECHA […] sé perfectamente la importancia que tiene este servicio para la gente. El Chaco debe hacerse cargo nuevamente de esta empresa y planificar la manera de poder afrontar los gastos que demanda el servicio”, sentenció.
No obstante las razones fiscales que plantea el gobernador, conviene recordar que también existen impedimentos legales para implantar este tipo de operación: la ley 27.132, que fue aprobada el año pasado con un amplio apoyo político transversal, no contempla la posibilidad de que las provincias operen servicios que corresponden a Ferrocarriles Argentinos. De hecho, obliga a “rescatar, reconvenir o en su caso renegociar” los acuerdos vigentes con las operadoras provinciales (actualmente sólo subsisten Tren Patagónico, de Río Negro, y la UEPFP, de Buenos Aires, quienes operan en un marco legal caduco a la espera de la transferencia de sus servicios a la Nación).
El caso del Chaco es paradigmático pues fue la primera concesión provincial en revertir al Estado nacional en 2010, cuando aún no existía la ley de Ferrocarriles Argentinos, seguida por otras provincias como Entre Ríos. SEFECHA, la operadora provincial, dejó de existir de hecho y debería volver a crearse para poder asumir la operación de los trenes chaqueños. Al momento de la transferencia a la Nación la empresa provincial se encontraba en una situación crítica, con material rodante en muy malas condiciones y frecuentes cancelaciones e interrupciones del servicio.
Los trabajadores ferroviarios miran la movida con desconfianza: “El Estado nacional no puede abandonar los compromisos asumidos en la ley 27.132, donde el ejecutivo se comprometió en apoyar y reasumir la administración del sistema de ferrocarriles en todo el país. La transferencia del tren a la provincia del Chaco desvirtúa la política de inversión y recupero de los Ferrocarriles Argentinos“, dijo Leopoldo Medina, de la Unión Ferroviaria Regional Chaco. Los trabajadores recordaron que la Unión Ferroviaria fue una de las promotoras de la transferencia de la ex SEFECHA al ámbito nacional.
El caso chaqueño no es el único de este estilo: Tren Patagónico firmó recientemente una carta de intención para hacerse cargo del vilipendiado Tren del Valle, que une Cipolletti con Neuquén. En ese caso, no sólo los gremios sino también varios intendentes, diputados y hasta senadores se oponen al proyecto. Pero la gestión de Marcelo Orfila parece empeñada en tomar la misma vía y reeditar los mismos argumentos que en 1993.
