Entidades rurales del sudeste bonaerense solicitaron al gobierno nacional la vuelta del servicio ferroviario de cargas al puerto de Quequén, en el partido de Necochea.
Las agrupaciones –que poseen representantes en el Consorcio Administrador del puerto– reclaman la reactivación del ramal entre Tandil y Puerto Quequén, concesionado a Ferrosur Roca, cuyo contrato se encuentra vencido, e inactivo desde 2011.
La apuesta de los productores es lograr una disminución del costo logístico del traslado de la mercadería con destino de exportación y aumentar la carga operada por la terminal portuaria.
Además de la disminución del costo de traslado -especialmente en largas distancias, en comparativa con el camión- la rehabilitación de esta conexión con el resto de la red permitiría ampliar significativamente el hinterland de la terminal. Esto significaría un gran aumento de cantidades operadas en función de la atracción de cargas de puntos más lejanos.
La inversión necesaria, sin embargo, sería imposible de afrontar por los propios privados interesados: “Es una obra con un costo millonario en dólares, por lo que no sería viable sin la participación del Estado“, aseguró Juan Ouwekerk, miembro del directorio del Consorcio.
Si bien el tendido de vías, que forma parte de la red del Ferrocarril Roca, no fue levantado ni clausurado, su estado actual no permite el tránsito de formaciones en condiciones de seguridad. La concesionaria Ferrosur no realizó tareas significativas de mantenimiento de las vías y el Estado tampoco accionó para conservar el tránsito. La situación contrasta con el puerto de Bahía Blanca, donde casi un cuarto de la carga llega a través del tren.
Se trata de uno de los tantos casos donde la administración privada se tradujo en un deterioro de las condiciones de la red ferroviaria, situación que fue reconocida en resoluciones oficiales: “las concesiones ferroviarias de cargas arrojan, al cabo de casi 30 años, un balance negativo en términos de estado de la infraestructura (velocidad y ramales perdidos)“, tal como consta en la resolución 211/21.
En contraste con esto, es posible destacar experiencias de sinergia público – privada, donde el Estado asume las inversiones más costosas sobre la infraestructura y los privados aportan la construcción de desvíos, un esquema que podría servir como antecedente para el Puerto de Quequén.
Tal fue el caso del nuevo ramal al puerto de Timbúes, en Santa Fe, sobre la red del Ferrocarril Belgrano, o los múltiples desvíos particulares incorporados por Trenes Argentinos Cargas en los últimos años. La continuidad de esta política -de exitosos resultados- resulta incierta tras la declaración de la carguera estatal como empresa sujeta a privatización en la “ley Bases”.
Existen, a su vez, experiencias positivas similares en la región: tal es el caso de Uruguay, donde recientemente se inauguró el Ferrocarril Central entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo. En este caso, la renovación de la vía corrió por cuenta del Estado y empresas como UPM ya están utilizando la traza. Además, el grupo logístico RAS pretende transportar carga por este corredor y ya firmó contratos para movilizar contenedores, celulosa y madera.
