En un comunicado publicado esta semana con la firma de su secretario general, Sergio Sasia, y del secretario de administración, Néstor País, la Unión Ferroviaria (UF) sentó postura sobre la sensación terminal que afrontan entre silencios y rumores las empresas ferroviarias estatales: “Si queremos una Argentina desarrollada y productiva, el ferrocarril es una herramienta fundamental”.
La Unión Ferroviaria es el principal gremio que agrupa al grueso del personal de estaciones, vía y obra y demás funciones operativas y administrativas del sistema ferroviario, con excepción de los conductores de trenes (La Fraternidad), los trabajadores responsables del sistema de señales (ASFA) y el personal jerárquico de carrera (APDFA).
El documento reclama la articulación de un sistema de transporte multimodal capaz de integrar inversiones públicas y privadas, objetivo que sólo será posible lograr “por medio de un sistema ferroviario que funcione como eje articulador de un sistema […] de pasajeros y logística de cargas en todo el territorio nacional”. También adelanta la próxima presentación de un proyecto de ley en tal sentido.
La conducción del sindicato resalta que en los regímenes de libre competencia ferroviaria que existen en el mundo desarrollado “las inversiones en infraestructura y el control de circulación son asegurados por el Estado”, destacando además que se trata de políticas de inversión sostenidas en el tiempo por distintos gobiernos.
En ese sentido, la UF rechaza la “equivocada, inoportuna y extemporánea” política oficial de privatizar los ferrocarriles sin reservar siquiera para el Estado la función de conducción estratégica y de administración de la infraestructura, en la misma línea que señaló un nutrido grupo de expertos del sector en ocasión de discutirse el primer proyecto de Ley Ómnibus.
El planteo es muy similar al expresado días atrás por Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad: un llamado a la coexistencia público-privada, y una alerta sobre la inconveniencia de privatizar sin razón la operación de los servicios hoy en manos del Estado, pero sobre todo una línea roja alrededor de la privatización de la infraestructura.
La primera versión de la Ley Ómnibus contemplaba, en efecto, hasta la venta de la ADIF, empresa titular de las vías, estaciones y terrenos ferroviarios. En la última versión la ADIF no aparece, aunque siguen sin conocerse los planes del Gobierno ni para la empresa ni para el sector ferroviario en general. Las únicas medidas conocidas son la paralización de todas las obras, la reducción de servicios, el ajuste incluso de compras críticas y el despido de hasta un 30% de la plantilla en las distintas empresas, ADIF incluida.
En el texto dado a conocer, los trabajadores ferroviarios también llaman a hacer memoria sobre la experiencia de la privatización ferroviaria ya realizada en la Argentina en la década de 1990: “Un simple programa de privatizaciones y concesiones tiene como único e inevitable resultado dejarnos nuevamente sin trenes, sin integración nacional, sin trabajo y con miles de familias sin futuro”.
