Además libró un oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación para que disponga que la Policía Federal “profundice las tareas de prevención para evitar un agravamiento de la situación de acuerdo al Código Procesal Penal”, informaron a Télam fuentes judiciales.
El magistrado requirió a la división Subterráneos de la Federal que el envíe los videos y fotos que hayan podido registrarse de actos de vandalismo ocurridos en estaciones de subte y que realice “tareas de inteligencia” para individualizar responsables.
“El juez dispuso medidas de instrucción tendientes a identificar autores de delitos cometidos y evitar actos de vandalismo y violencia, no ordenará medidas para garantizar servicio ni suspender el paro; eso es un tema político”, explicaron las fuentes.
El juez instruyó a la Policía Federal para que, en vez de intentar un desalojo por la fuerza de los huelguistas, se los filme y remita las pruebas al juzgado a fin de determinar si efectivamente existió un delito. Si bien una denuncia presentada ayer por Metrovias por supuesta coacción quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, hoy todas las causas referidas al paro de subtes se unificaron en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, magistrado que está de licencia y es reemplazado por Ercolini.
Ayer, Lijo envió un oficio al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación solicitando “medidas indispensables” para garantizar el servicio de subterráneos y prevenir hechos “delictivos”. Además se citó a declaración testimonial -que podrá ser cumplida por oficio escrito- al ministro de Trabajo Carlos Tomada para que confirme o no si sufrió supuestas coacciones por parte de los delegados que motorizan el paro, según denunció Metrovías.
La empresa concesionaria del subterráneo porteño denunció hoy penalmente a los huelguistas a quienes acusó de interrumpir el funcionamiento normal de un medio de transporte. Esta denuncia se sumó a la concretada ayer ante Lijo por presunta coacción y amenazas, ejercida del cuerpo de delegados opuesto al sindicato UTA.
Metrovías acusó a los trabajadores por presunta violación del artículo 194 del Código Penal, que pena al provoque la “interrupción o impida el normal funcionamiento de un servicio público o un medio de transporte”.
La empresa dijo hoy que trabajadores que responden a los delegados arrojaron matafuegos y otros objetos sobre las vías, además de ubicarse frente a formaciones de trenes para evitar que pudieran corre conducidos por personal jerárquico.
Esas acciones habrían ocurrido en la madrugada cuando debían salir los primeros servicios de subtes y simultáneamente se inició el paro total en reclamo de la inscripción de un sindicato propio e independiente del de los colectiveros.
