El Gobierno nacional aclaró, mediante un decreto de necesidad y urgencia publicado este lunes en el Boletín Oficial, que la doble indemnización por despido dictaminada en diciembre pasado no rige para el Estado ni para las empresas públicas o con participación estatal mayoritaria.
De esta manera, el gobierno allana el camino para desplazar de sus cargos a gerentes y funcionarios designados por la gestión anterior que se resistían a renunciar tras el cambio de gobierno.
“Extender los alcances del referido decreto al ámbito del Sector Público Nacional estaría desprovisto de toda razonabilidad“, explica la norma entre sus considerandos, haciendo explícito que el DNU se funda en “la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades […] en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”.
Tal como explicó este medio, esta situación afectaba, entre otras, a las empresas ferroviarias SOFSE y ADIF, donde a pesar del cambio de autoridades en la presidencia y en el directorio –que se materializó a principios de enero– numerosos gerentes designados por el macrismo se habían “atrincherado” y se negaban a renunciar, exigiendo ser despedidos y cobrar la doble indemnización, en algunos casos de dos millones de pesos.
En 2016, cabe recordar, los funcionarios jerárquicos de la SOFSE se habían aumentado considerablemente los sueldos, en un intento por equipararlos con los que obtenían cuando trabajaban en el sector privado, lo que fue objeto de polémica entonces.
En aquel entonces, además, se había modificado la estructura de las empresas (tanto SOFSE como ADIF), creando cargos adicionales que no existían con anterioridad, tales como los “Asesores CEO”, el “Jefe de Gabinete de Asesores”, la “Unidad de Coordinación de Proyectos” o la gerencia de “comunicación corporativa”. Según pudo saber este medio, ese organigrama también será simplificado.
