Luego de que se efectivizara el controvertido y aún judicializado aumento de 67% en la tarifa del Subte, Subterráneos de Buenos Aires nombró al contador Alberto Mario Pomato como nuevo coordinador de costos y tarifas de la empresa estatal, un cargo que, según afirman, fue creado “a medida”.
Pomato fue durante casi 18 años el director financiero de Torneos y Competencias y su salida de esa empresa no fue particularmente honrosa: fue despedido junto al CEO Alejandro Burzaco y otros 10 ejecutivos de la compañía en el marco de la investigación por el llamado FIFA-Gate, el escándalo internacional que involucra corrupción, lavado de dinero y sobornos que está siendo investigado por el FBI (Federal Bureau of Investigation), de Estados Unidos.
Durante ese período, Pomato se desempeñó como tesorero de la Fundación Torneos, donde aparece con un reporte de operaciones sospechosas (ROS) por el movimiento de más de 3 millones a un banco europeo, según reveló el portal 911-online.
Su designación se ha convertido en la primera polémica pública a la que se ve sometida la breve (y aún interina) gestión de Edgardo Campelo, el vicepresidente que quedó a cargo de SBASE tras la renuncia de Juan Pablo Piccardo y que responde al ministro de Desarrollo Urbano y Transporte Franco Moccia, virtual interventor de la empresa.
No obstante, cabe señalar que no es el primer puesto que Pomato ocupa en la administración porteña. En julio pasado, medios locales habían revelado que el polémico ejecutivo había sido nombrado en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC).
Tampoco es la primera vez que SBASE se convierte en un refugio para nombrar a funcionarios manchados por su anterior desempeño. Sin ir más lejos, el propio Juan Pablo Piccardo recaló en SBASE tras su cuestionada gestión en Espacio Público, de donde salió eyectado por los casos Zahira Morales y UCEP, siendo finalmente absuelto en ambas ocasiones.
Durante su paso por la empresa tuvieron lugar otras polémicas designaciones, como la de Jorge Polini, último director de la UCEP e imputado por lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue contratado como asesor externo. No fue el único: en 2009 fue designado el ex fiscal de la causa AMIA Eamon Mullen, apartado por irregularidades en la investigación por el atentado de a la mutual judía. En 2012 fue nombrado como parte del directorio Federico Young, conocido por ser apologista de la última dictadura militar y cercano a Cecilia Pando.
Durante 2014 la empresa debió apartar al polémico gerente de Legales, Juan Francisco Freire Aurich, buscándole una salida decorosa mediante su envío a España para cursar un posgrado. Cercano al entonces vicepresidente Gowland (que fue reemplazado justamente por Campelo a principios de este año), Freire Aurich había tenido tensos episodios con el gremio de SBASE, presentado una demanda contra una ONG patrimonialista que aún está vigente y se había visto envuelto en una oscura trama alrededor de las expropiaciones de la línea H.
