La empresa de Subterráneos del gobierno porteño (Sbase) contrató al ex fiscal de la Amia, Eamon Mullen, quien fue apartado de la causa por el tribunal oral de la causa que entendió que formaba parte del encubrimiento. La polémica contratación se conoce cuando aún no se acalló la polémica por las escuchas ilegales a Sergio Burstein, de la asociación de familiares de víctimas del atentado a la entidad judía.
Una incomprensible telaraña une a la administración macrista con los protagonistas más polémicos de la causa Amia. El escándalo se inició con la designación del ex comisario Jorge “El Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana, objetado desde el inicio por un sector de la AMIA, quien luego de su renuncia terminó procesado el juez federal Ariel Lijo, por encubrimiento del atentado.
Luego estalló el caso del espía Ciro James, que se supo estaba detrás de las escuchas ilegales a Sergio Burstein, uno de los más activos familiares de víctimas del atentado.
Y ahora, según se supo el gobierno porteño contrató como abogado, nada menos que al ex fiscal federal Eamon Mullen, uno de los fiscales de la causa AMIA que terminó apartado de la causa por el tribunal oral que encabezó el juicio.
Mullen fue acusado de falta de imparcialidad, porque para el Tribunal él y su colega José Barbaccia –el otro fiscal de la causa- sabían que el acusado Carlos Telleldín cobró en forma ilegal 400 mil dólares en 1996 para declarar contra policías bonaerenses, y desviar así la investigación.
Tonelli, Gowland y SBASE
La empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad el Estado (SBASE) es la entidad del gobierno porteño propietaria de los subterráneos, que opera la concesionaria Metrovías.
La empresa la dirige el ingeniero Luis Germán Jahn, luego que en febrero de este año Jorge Irigoin, un histórico del grupo Macri, dejara el cargo al parecer desilusionado por la severa falta de fondos que sufre SBASE y que le impide a este organismo cumplir el ambicioso plan de extensión se la red de subterráneos que pretendía desarrollar Macri.
Pero no fue la única modificación que sufrió la conducción del SBASE. En abril del 2008 se incorporó al directorio Alberto Gowland, que como gran parte del gabinete macrista, proviene del Colegio Cardenal Newman. Abogado, egresado de la UCA, integra el lote de funcionarios que ingresaron al macrismo desde Recrear, cuando el jefe de Gobierno todavía tenía como aliado a Ricardo López Murphy.
De allí el vínculo con el procurador de la Ciudad, Pablo Tonelli, otro de los hombres que en su momento militaban junto al ex ministro de Economía de la Alianza. Tonelli lo designó al inicio del gobierno de Macri como director General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la Procuración, hasta que finalmente Gowland –socio del estudio Bosch & Gowland -, pasó al SBASE.
La aparición de Mullen
Un abogado que trabajaba para el SBASE y pidió reserva de su nombre, inició tiempo atrás un juicio a la empresa por honorarios adeudados. La gestión macrista rechazó el reclamo y lo denunció penalmente por “estafa procesal”, acusándolo de haber dejado vencer una instancia en uno de los juicios que tenía a su cargo, perjudicando así a la empresa.
El abogado se defendió y ganó en primera instancia este juicio. Lo curioso es que el gobierno de la Ciudad a través del abogado que representó al Sbase, Juan Francisco Freire Aurich, no tomó directamente la defensa del caso sino que eligió “tercerizarla” en un estudio externo.
Y eligió contratar para la tarea al ex fiscal de la Amia, Eamon Mullen.
La Política Online se comunicó con el departamento de prensa de Tonelli para verificar la información, ya que este medio tenía la información que una vez afianzado en su cargo, el procurador porteño, comenzó a instrumentar un circuito para que en los organismos descentralizados más importantes del gobierno porteño como es el Sbase (AUSA, Puerto Madero, Corporación Sur, etc) hubiera un “delegado” de la Procuración, que pudiera afrontar cualquier contingencia jurídica.
Consultados sobre las razones para tercerizar un servicio jurídico en el ex fiscal de la Amia –quien sigue involucrado en las investigaciones por encubrimiento de la causa-, en la Procuración se limitaron a contestar que “la contratación de Mullen fue una decisión exclusiva del Sbase y ellos deberán dar las explicaciones del caso”.
Pero cuando se consultó si conocían al abogado Juan Francisco Freire Aurich, luego de un nuevo intervalo para realizar las consultas pertinentes, reconocieron que “Freire Aurich trabajó en la Procuración integrando la planta de gabinete de Gowland y cuando este se fue al Sbase se lo llevó”.
La respuesta de Montenegro
El tema se trató incluso en la larga tenida que tuvieron los ministros Guillermo Montenegro y Mariano Nadorowsky el viernes pasado en la legislatura. El fárrago de las preguntas de los legisladores de la oposición, hizo que pasara desapercibido para los medios, más concentrados en el caso de Ciro James.
En ese caótico encuentro, un legislador de la oposición preguntó a Montenegro sobre los motivos de su cercanía al ex fiscal de la Amia, José Barbaccia, y la contratación de Mullen.
Molesto, Montengero que integró el fuero federal dijo que “Barbaccia es mi amigo y no voy a ocultarlo”, y respecto a la contratación de Mullen se limitó a afirmar que “se trata de un abogado y como tal tiene todo el derecho a trabajar”. Lo que es absolutamente cierto, pero no elude la pregunta inicial: ¿Porqué aparecen tantos nombres de la parte más complicada de la causa AMIA en la administración porteña?.
por LPO
