Según informó Crónica Ferroviaria días atrás, “desde hace ya varios días se está trabajando en el desmalezado y mejoramiento de la infraestructura de vía y en la reparación general de la estación Divisadero Pinamar” por parte de personal de la empresa provincial Ferrobaires. La administración de la empresa echó a andar el rumor de que evalúa reponer el servicio a esa estación “dentro de unos meses”.
La noticia presenta una serie de interrogantes: ¿Con qué material podría Ferrobaires reponer un servicio a Pinamar “dentro de unos meses” cuando ni siquiera puede asegurar su mermada oferta actual? Hasta el tren emblemático del corredor Buenos Aires-Mar del Plata, el expreso El Marplatense, está corriendo con sólo tres coches. Los trenes a Bahía Blanca corren, con suerte, con cuatro o seis coches dependiendo el día y a Tandil con dos o tres. La única regularidad en los corredores San Martín y Sarmiento es la de las cancelaciones de trenes. La empresa se encuentra en una situación terminal, con una oferta cada vez más pobre y reducida, sin solución de continuidad.
Pero hay otro hecho que llama la atención sobre la presunta noticia: con la pronta aprobación de la ley de Ferrocarriles Argentinos la UEPFP perderá como las otras concesionarias la administración de la vía. ¿Por qué habría de encarar tareas de mantenimiento, precisamente en un ramal sin tráfico, cuando está a días de perder esa responsabilidad?
Más aún, la propia continuidad de Ferrobaires entra en cuestión con la sanción de la ley, pues su concesión entrará automáticamente en revisión. Todo el material rodante que utiliza la empresa provincial fue cedido por Ferrocarriles Argentinos y es propiedad del Estado nacional. ¿Cómo podría Ferrobaires “dentro de unos meses” reponer un servicio sobre un ramal abandonado hace ya cuatro años por ella misma —aún en el supuesto de que baste con desmalezar la vía— con material rodante con el que no sólo no cuenta hoy en los hechos, sino que puede que para entonces ni siquiera tenga en inventario?
La única lectura posible, atendiendo a la realidad de la empresa, es que se trate de una operación de prensa al ver amenazada su continuidad por la sanción de la nueva ley: generar la ingenua ilusión de reponer un servicio para convertirlo en un punto de conflicto y elemento de negociación. Se trataría, en fin, de una noticia auspiciosa si no fuera porque no tiene el menor asidero, ante lo cual sólo puede leerse como una burla o un tosco intento de entorpecer la reforma ferroviaria.
Lo mejor que puede hacer Ferrobaires es desaparecer. El propio gobierno provincial lo reconoció en 2007, cuando firmó con la Nación un compromiso por la cual esta mantendría todos los servicios que en ese momento prestaba la UEPFP. Es una cuestión que trasciende el contexto político actual y sobre el cual están de acuerdo todas las fuerzas políticas bonaerenses, a excepción quizás de algunos funcionarios de la administración provincial.
Sería muy lastimoso para el ferrocarril bonaerense quedar atrapado en la interna del Frente para la Victoria entre Randazzo y Scioli. Y sobre todo muy torpe que el gobernador pueda pretender hacer campaña con uno de los peores aspectos de su gestión.
