La presentación del legislador quedó efectiva ante el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo 3, a cargo de Elena Liberatori, y hace hincapié en la ley 104 de acceso a la información, que estipula que el Ejecutivo local debería haber brindado los datos requeridos en un plazo máximo de 10 días hábiles.
Según explicó el legislador, el amparo retoma “el pedido de informes presentado el 13 de enero sobre el control de la concesión del servicio de transporte subterráneo que el gobierno de Mauricio Macri no respondió”.
En ese pedido, se solicitaba al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, que informara por escrito sobre algunos aspectos vinculados con la relación entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional por el control de la concesión del servicio de transporte subterráneo.
Entre las demandas de información, figuraban también la intervención del Ente regulador de la Ciudad que justificaría el aumento tarifario y el pedido del plan de mantenimiento de la red y del material rodante, para determinar las contingencias del estado del subte.
