La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que enviará un proyecto de ley al Congreso para que apruebe el Acta Acuerdo de transferencia de la red de Subte y el Premetro a la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había rechazado la red la semana pasada y el Gobierno buscará obligarlo a que “se haga cargo” mediante este recurso legal. No obstante, la nueva ley dista de ser la solución al problema por una sencilla razón: lo que se busca aprobar con ella ya se encuentra vigente. La exigencia de la Ciudad de que se le transfieran las facultades de control, fiscalización y fijación de tarifas del sistema data desde casi la declaración de la Autonomía porteña. En 1999, el ex presidente Carlos Saúl Menem renegoció los contratos de concesión con las empresas privadas ferroviarias, entre ellas Metrovías.
En el caso del Subte, merced a un acuerdo con el entonces jefe de Gobierno Fernando De la Rúa, Menem aceptó el reclamo porteño y transfirió la jurisdicción sobre la red mediante el decreto 393/99, que no sólo se encuentra plenamente vigente sino que incluso fue invocado por la Presidenta, por el ministro de Planificación Julio de Vido, por el ex ministro de Economía y actual Vicepresidente Amado Boudou y por el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi cuando se decidió iniciar las negociaciones con la Ciudad ahora truncas.
El decreto de Menem tuvo su contraparte en la ley 373, sancionada por la Legislatura porteña el 11 de mayo de 2000, que dice que “se adhiere al decreto 393/99, por el cual se faculta al ministerio de Economía y de Obras y Servicio Públicos, a realizar los actos necesarios para transferir la fiscalización y control del contrato de concesión del sistema de transporte de subterráneos a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
Los textos legales son claros: el Acta Acuerdo del 3 de enero de 2012 es válida y por lo tanto se encuentra vigente, por lo que el Gobierno de la Ciudad no puede negarse a continuar con una transferencia que ya había sido aprobada por la Legislatura hace 12 años. En este contexto pierden validez también el principal argumento esgrimido por Mauricio Macri para justificar la suspensión del trámite: los “coches viejos que tienen 100 años”, en lo que constituye una referencia competamente ignorante del valor histórico, patrimonial y turístico de los coches La Brugeoise de la línea A, son propiedad de SBASE y no del Gobierno nacional incluso desde mucho antes de que la Ciudad fuese autónoma. Y si se los retirara del servicio, como pretende el jefe de Gobierno desconociendo que tienen uno de los mejores promedios de averías de la red gracias al trabajo de los técnicos especializados del taller Polvorín (que, vale recordar, es también propiedad de SBASE al igual que la más minúscula partícula de balasto), quedarían los coches Siemens O&K de la línea H ostentando el puesto de material rodante en servicio comercial más antiguo del mundo. Coches que, también debe señalarse, circulan en la línea más nueva de la red (que aun asi debe interrumpir su servicio cuando llueve) por orden del Gobierno de la Ciudad.
