Un informe sobre el reparto de los subsidios al transporte, elaborado por la Fundación Pensar, indicó que el 89% de los usuarios de la red de Subte podría pagar la tarifa plena. Según el estudio, en la actualidad el Estado nacional le paga a Metrovías 3,50 pesos por cada viaje en Subte contribuyendo a mantener el precio del cospel en 1,10 pesos. Sin embargo, la mayoría de los usuarios estaría en condiciones de prescindir de la ayuda estatal para poder viajar.
Una situación similar se observa también en los colectivos, en donde el 75% de los pasajeros podrían pagar el boleto sin subsidio. En los trenes, ese porcentaje se reduce al 71% aunque sigue siendo igualmente significativo. “La situación denota una marcada falla del sistema como instrumento de redistribución: se benefician aquellos con mayor capacidad de pago”, sostiene el informe del think tank que responde a Mauricio Macri.
A la vez que en el Area Metropolitana de Buenos Aires se registra esta situación, en las provincias hay quienes tienen dificultades para pagar el boleto. De acuerdo al informe, un boleto de colectivo en el Interior puede costar entres dos y tres veces más caro que en Buenos Aires. Sin embargo, la implementación del sistema SUBE tiene, como uno de sus objetivos, eliminar estas distorsiones. Según se informó en repetidas oportunidades desde la Secretaría de Transporte, cuando el SUBE esté completamente operativo se podrá subsidiar únicamente a aquellos que lo necesiten: gracias a que cada tarjeta es personal, se podrá determinar en tiempo real los recorridos y la cantidad de transbordos que una persona realiza y así ajustar el nivel de subsidio que le corresponda. También se entrecruzaría esta información con las bases de datos de la Seguridad Social para poder alcanzar con los subsidios a personas que cobren beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo, jubilaciones, subsidios por desempleo, entre otros.
La transparencia del sistema bajo análisis
El informe de la Fundación Pensar también remarca la escasa transparencia que tiene el sistema actual de subsidios. Las compañías de colectivos reportan la cantidad de pasajeros que trasladaron en sus declaraciones juradas y a partir de ahí se establece cuánto cobrarán en concepto de subsidios. “Existen grandes incentivos a reportar falsos resultados y así también a oponerse a la implementación de mecanismos de transparencia como la tarjeta SUBE”, sostiene la Fundación.
La consultora Analytica reforzó estas apreciaciones. “Si bien los primeros años que siguieron a la explosión de la convertibilidad, en medio de una de las mayores crisis económicas, con un desempleo superior a 20%, y niveles de pobreza mayores al 50%, dicha política fue necesaria para contener fuertes presiones inflacionarias y evitar un mayor deterioro en el poder adquisitivo, posteriormente, ya con la economía en franca recuperación, fue perdiendo paulatinamente sentido”. Según Analytica, en 2002 el Estado transfirió 1.839 millones de pesos para subsidiar el sistema de transporte y durante este año girará alrededor de 12.153 millones.
