Los legisladores Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) y Vilma Ripoll (MST, mandato cumplido) presentaron un nuevo recurso de amparo ante la Justicia de la Capital para que se suspenda el aumento tarifario vigente desde el pasado viernes y se convoque en forma urgente a audiencia pública para determinar el precio del viaje en Subte. Según consta en el recurso interpuesto, al que tuvo acceso enelSubte.com, el aumento se resolvió “en forma antijurídica, irrazonable, ilegal, arbitraria y manifiesta mediante el citado decreto [27/11] la suba de valor del boleto de subterráneo, violando forma manifiesta los derechos y garantías constitucionales de los usuarios de las líneas de subte en todos sus ramales”.
En el capítulo “Objeto” del recurso de amparo se lee que “la urgencia de la medida surge claramente del abrupto aumento y de los graves perjuicios a los intereses generales de los usuarios de subterráneos de Buenos Aires, a saber, resulta imposible solventar un aumento del 127% en las tarifas, en relación a la protección de los intereses económicos, condiciones de trato equitativo y digno. De la misma manera, ordene a la empresa Metrovias S.A. abstenerse de aplicar el régimen tarifario dispuesto mediante el mencionado Decreto”
Los legisladores también solicitan a la Justicia, que deberá entender en el caso en un plazo no mayor a cinco días, que se fiscalicen las cuentas de la concesionaria Metrovías. “Del mismo Decreto surge que hay una necesidad de fiscalización, máxime cuando se trata de aumentos en tarifas que repercuten en los usuarios, habiendo de por medio una gran empresa privada que obtiene altas ganancias y que desde abril de 2009 no publica sus Memorias y Balances como bien surge de su sitio web”
En el texto presentado, se explica además que “el servicio es público y el Estado se debe una tutela especial porque debe garantizar dicho servicio público a los usuarios y darles un especial resguardo, que en este caso no se ha tutelado, sin haber realizado un exhaustivo análisis para determinar si es necesario o no un aumento en las tarifas, priorizando las ganancias de la empresa privada y restringiendo así las libertades, derechos y garantías de los usuarios.”
