Mientas no dejan de multiplicarse las señales sobre una posible salida política para destrabar el conflicto entre Nación y Ciudad por la transferencia del subte, la estrategia del macrismo para sacar del medio a la jueza Patricia López Vergara tampoco encontró freno. Esta vez, la ofensiva estuvo en manos de Daniela Bruna Ugolini, fiscal ante la Cámara Contencioso, Administrativa y Tributaria y ex candidata predilecta del jefe de gobierno Mauricio Macri para ocupar el sillón vacante que tiene el Tribunal Superior de Justicia desde hace dos años.
Según las últimas novedades del Expediente 45189/2, la fiscal ante la Cámara de apelaciones porteña consideró admitir un recurso de queja presentado por los abogados del gobierno de la Ciudad y les dio la razón para sacar el expediente del Juzgado 6, a cargo de López Vergara, y trasladarlo al 14, actualmente subrogado por Guillermo Scheibler. En ese tribunal se tramitan las controversias por el aumento que dispuso la gestión PRO apenas Macri firmó el acta de transferencia (que luego quiso anular en marzo). La suba fue habilitada por el juez Fernando Juan Lima, subrogante del Tribunal 14 por esos días, que no quiso dar curso a ninguno de los amparos que fueron presentados para frenar el aumento. Hace menos de un mes, este magistrado ya no está en la primera instancia, sino que fue ascendido a camarista.
Tal como anticipó este diario, apenas terminó la huelga más larga que vivió el subte, el PRO desplegó una serie de recursos para correr a la jueza, o evitar que se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre la titularidad del servicio. Así, los representantes del gobierno PRO presentaron una serie de escritos para enviar el expediente a la Sala IV de la Cámara Contenciosa Federal, o a la Sala I de la Cámara porteña, presidida por Inés Weinberg de Roca, la nueva candidata que Macri desempolvó para cubrir el sillón vacante del TSJ.
En los últimos 40 días, la camarista trató de quitarle el expediente a López Vergara en dos oportunidades, pero sin éxito, aunque ahora deberá pronunciarse, junto a los camaristas Esteban Centanaro y Carlos Balbin, sobre el recurso de queja presentado por los abogados de la Procuración General de la Ciudad. Esa ofensiva tiene, desde el 28 de septiembre, un nuevo dictamen de Ugolini, que consideró que la jueza “denegó mal” una apelación y le dio mucho más tiempo a la estrategia del PRO para postegar “sin límite”, la posibilidad de un fallo de fondo.
Pero la movida que sumó el apoyo de Ugolini, no es la única. La empresa estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) también desplegó una serie de recursos para correr a la jueza, y recurrió al mismo argumento de conexidad, pero para llevar el caso a la Sala IV del fuero federal, que tramita una causa del Ministerio de Planificación Federal contra el gobierno porteño, por la aplicación de la Ley que le transfiere el subte a Macri, y otra al revés, impulsada por el alcalde contra la Nación. Aunque el alcalde había dicho que retiraba esa denuncia, el caso sigue su curso en los estrados federales, otra ruta que podría garantizar el sueño eterno para un expediente clave. «
