enelSubte.com (eeS): ¿Cuál es el seguimiento que hacen del cuestionado proceso de expropiaciones para construir las bocas de Subte de la línea H?
Eduardo Epszteyn (EE): SBASE expropió por el total y luego devolvió una parte al mismo propietario. La negociación se hizo a través de la consultora Public & Corporate Affairs, pero no está claro si la devolución se hizo a través de la misma también. Tampoco está claro si les abonaron por el total… lo que sucedió es que terminaron negociando expropiaciones parciales, como en el caso del café El Duero, de la esquina de Pueyrredón y Santa Fe, donde terminan expropiando solo un 25%. El otro 75% es una loza que se la devuelven al propietario de El Duero. La ley era clara en que esto no se podía hacer, pero ellos se amparan en la Ley de Obra Pública que sí lo permite. Hay una ley general que lo permite y una particular específica para las expropiaciones de la línea H que lo prohibía. Es un artilugio legal.
Hace 5 o 6 años, cuando se discutió esto en la Legislatura ellos defienden la expropiación total y no parcial porque realmente iba a aportar un buen nivel de ingresos para la Ciudad. La idea de las bocas dentro de la línea de edificación, sin obstruir la circulación peatonal, no es mala de por sí, de hecho existe acá en Medrano y en Lavalle y en varias ciudades del mundo. Ahora bien, no se iba a usar todo el lote para hacer una boca de Subte. La idea era construir locales en el terreno restante, que se alquilaran y ese dinero fuera para la Ciudad. Era una idea interesante. Ahora el negocio se lo estás devolviendo al que expropiaste, no tiene ninguna lógica ni relación con lo que se dijo en su momento. Ese dinero de alquileres en algún momento iba a volver, era una herramienta para el gobierno, para mejorar el servicio del Subte. Toda esa plata era para el Subte. Estamos hablando de algunas de las esquinas más caras de la ciudad de Buenos Aires.
A algunos comercios los mataron y a otros no. Eso también es llamativo: ¿por qué a unos sí y a otros no? Los que tomaron la iniciativa protestando con más fuerza contra las expropiaciones fueron los comerciantes de la zona sur, en su mayoría propietarios.
eeS: SBASE alega que la contratación directa de un tercero para encargarse de las expropiaciones (en este caso, la consultora Public & Corporate Affairs, propiedad de allegados a la empresa) está dentro de sus atribuciones. ¿Esto es así?
EE: Atribución para contratar es una cosa, ahora contratar a una empresa que no existe, que se arma nada más que para eso. Es como llamar a un amigo y decirle “armá una consultora que te voy a contratar”, sin ninguna experiencia, con las facturas 1, 2 y 3, el domicilio legal no existe… atribución para eso no creo que tengan. Atribuciones tienen, pero hay un procedimiento que seguir, hay que llamar a un concurso, pedir referencias… Hacerlo sin atribuciones sería el colmo.
Cuando ellos plantearon a la Legislatura la ley de expropiaciones -están las versiones taquigráficas- nosotros planteamos este tema ante SBASE, yo era diputado en aquel momento. No hay ningún documento para fundamentar estas expropiaciones. Se discutió la ley y nosotros nos abstuvimos porque sin ningún papel que lo fundamentara, solamente se planteaba que era la línea H y como eran nuevas estaciones había que ahorrar espacio público de la vereda era necesario expropiar viviendas linderas para no restringir el paso de los peatones.
Entonces nosotros consideramos que no había fundamentos suficientes: ni dónde, ni cómo, ni por qué, ni nada, pero decidimos no obstruirlo para que no dijeran que no extendían la línea H por culpa nuestra. Y la ley prohibía las expropiaciones parciales.
eeS: ¿Qué acciones prepara la Auditoría respecto de este tema?
EE: Nosotros le solicitamos a la Procuración de la Ciudad que lleve adelante una investigación. Cuando nosotros como Auditoría consideramos que hay méritos suficientes para sospechar irregularidades nosotros llevamos esto ante el procurador, que fue lo que hicimos. La investigación corre por cuenta de la procuración ahora. Investigar es competencia de él y eso se lo hemos comunicado. Igualmente nosotros seguimos el tema; la diputada y ex auditora [Paula] Oliveto, de la Coalición Cívica, quería presentar una denuncia penal.
eeS: El año pasado un informe de la Auditoría estimó que la tarifa técnica del Subte debía ser de entre $4,89 y $5,62 mientras que SBASE sostenía que era de $7,47. La última actualización de SBASE eleva este número hasta $10,26. ¿Por qué hay tan poca claridad acerca de los costos de operación del Subte?
EE: El informe técnico de la auditoría es muy claro acerca del tema tarifario, está todo dicho ahí; lo que llama mucho la atención es que haya una diferencia tan grande entre la tarifa técnica determinada por el órgano de control externo del GCBA y lo que dice SBASE y el gobierno de Macri no aclare a qué se debe la diferencia. El GCBA debiera aclarar por qué existe esa brecha o por lo menos convocar al organismo de control externo…No puede ser que estemos trabajando con tarifas tan distintas: no son 50 centavos de diferencia. Acá hay un desprecio muy grande del organismo de control por parte del ejecutivo. Si esto ocurriera a nivel nacional, entre el gobierno nacional y la Auditoría General de la Nación, sería tapa de todos los diarios y acá no pasa nada, la Auditoría pareciera que está pintada. El informe fue aprobado por un colegio de auditores técnicos, donde el PRO tiene tres auditores generales. Este no es un trabajo hecho a medida de la oposición, sino uno técnico que tiene poca discusión posible y que fue aprobado por la Auditoría. Es un informe oficial.
eeS: ¿La Auditoría evalúa la realización de un nuevo informe a este respecto?
EE: Nosotros no tenemos previsto hacer otro porque este que se hizo fue un encargo especial de la Legislatura, mediante una ley en ocasión del traspaso. Pero el informe no es porque Epszteyn se despertó y le pareció buena idea hacerlo, fue un encargo de la Legislatura al organismo de control.
eeS: Algunos meses atrás se conoció que SBASE denunció a la ONG Basta de Demoler por presentar un amparo por la construcción de la estación Plaza Francia en un terreno donde no estaba prevista originalmente y le exige a la organización el pago de 24 millones de pesos en concepto de resarcimiento. ¿Qué opina acerca de esto?
EE: La denuncia a Basta de Demoler es un mecanismo extorsivo que usa el Gobierno de la Ciudad para impedir que otros presenten amparos. No es algo nuevo, intentaron modificar la ley en su momento: el tema de las legitimaciones, de las costas, hubo proyectos del PRO en este sentido. Ahora van por la indemnización, no sé si tanto para cobrarle a esta gente sino para amedrentar. Es un criterio elitista: para presentarle amparos al GCBA hay que responder con el patrimonio parece.
