“Me dirijo a usted a efecto de intimarlo para que en forma inmediata disponga los medios necesarios para la reanudación de los servicios de transporte subterráneo en atención a las graves consecuencias sociales que la falta de los servicios está provocando en el conjunto de la población”, es la nota que está firmada por el interventor Antonio Eduardo Sícaro, según el documento al que accedió este medio.
Ante la imposibilidad de poder cumplir con la intimación del Gobierno, la empresa que tiene a su cargo la explotación de las seis líneas del subte y el premetro denunció a los activistas de izquierda que realizan el paro en la Justicia.
Según trascendió, la denuncia penal recayó en el juzgado Correccional Nº 10, y es contra la “Asociación de Trabajadores de Subte y Premetro”, por la interrupción de un servicio público.
El juez de la causa, Julián Ercolini, analiza el expediente y podría intervenir en las próximas horas para posibilitar que más de un millón de personas puedan viajar en los subtes como lo hacen todos los días.
Si bien desde la empresa informaron que es habitual que se denuncie a los delegados que imposibilitan la partida de las formaciones cada vez que hay un paro, esta vez la intimación del Gobierno obligó a Metrovías a exigir una intervención inmediata.
El delito que se les imputa a los delegados rebeldes prevé condenas de hasta dos años de prisión.
