La Justicia porteña ordenó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retire los 210 millones de pesos que la Nación le depositó como parte del acuerdo por el traspaso del subte para “solventar los gastos operativos” del servicio de transporte.
La medida fue ordenada por la titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº6 de la Ciudad, Patricia López Vergara. La decisión fue dispuesta en el marco del recurso de amparo que fuera presentado por la legisladora kirchnerista María José Lubertino durante los diez días de paro de los metrodelegados.
La cedula de notificación enviada por la jueza al gobierno de Mauricio Macri establece que el dinero deberá tener como “prioridad” la “puesta en funcionamiento de las veinte (20) formaciones retiradas por Metrovías” así como el “mantenimiento de la infraestructura a fin de resguardar la seguridad en la prestación del servicio”.
Con citas a Voltaire, James Joyce y hasta a Alicia en el País de las Maravillas, la magistrada argumentó que en su decisión “el interés superior de la comunidad en su conjunto ha primado sobre toda otra consideración en la búsqueda de una vía rápida y urgente que se anticipara a evitar los daños mayores que se preanuncian”.
De todos modos, López Vergara aclaró que la disposición “no implica adelantamiento” de su opinión acerca del “fondo de la cuestión, en torno a la titularidad del servicio público del subterráneo”, que aún se disputan la Ciudad y la Nación.
Como parte del acuerdo que firmaron a principios de año, el gobierno nacional se comprometió a girar treinta millones de pesos por mes durante el 2012 para mantener la mitad del subsidio al boleto. Por su parte, la administración de Mauricio Macri resolvió aumentar el precio de $1,10 a $2,50 para cubrir el 50% restante.
