El futuro de la operación del Subte después de fin de año enfrenta una situación de incertidumbre total.
El actual contrato de operación y mantenimiento (AOM) con Metrovías, que data de 2013, venció el 31 de diciembre de 2017. La Legislatura porteña ya lo prorrogó dos años consecutivos, con la perspectiva de que en el interín se resolviera la licitación para seleccionar un nuevo operador.
Sin embargo, nada de eso ocurrió: la resolución de la licitación se dilató por los tiempos electorales, por lo que todo parece a encaminarse hacia una nueva prórroga (la tercera) del contrato vencido hace ya casi dos años.
Pese a esto, hasta el momento el Ejecutivo porteño no ha presentado en la Legislatura el proyecto para extender el contrato de Metrovías. Diversas fuentes oficiales consultadas por enelSubte coinciden en señalar que “no hay novedades por el momento” y algunas de ellas aventuraron la posibilidad de que Rodríguez Larreta otorgue una prórroga “por decreto” en función de la urgencia.
Al margen de esto, tampoco se conocen avances en la licitación para elegir al operador que manejará la red por los próximos 12 años, prorrogables por 3 más.
El proceso de nueva concesión, que comenzó en agosto del año pasado con la presentación de tres ofertas, está empantanado: según pudo saber este medio, aún no se ha realizado la apertura del sobre que contiene la oferta económica, paso clave para la adjudicación. Y esto no ha ocurrido porque la comisión evaluadora de ofertas ni siquiera terminó el proceso de análisis del primer sobre, correspondiente a las ofertas técnicas, ni emitió un dictamen. Cabe recordar que inicialmente se había prometido una adjudicación para noviembre del año pasado.
Estas dilaciones y la falta de resolución y pautas claras habían molestado a las oferentes internacionales (de capitales franceses, RATP Dev y Keolis, esta última asociada al grupo local Eurnekian), que habían dejado trascender su sospecha de que el proceso estaba armado para favorecer a Metrovías.
Los consorcios también están preocupados por las ramificaciones de la crisis del asbesto –un tema que, tal como adelantó enelSubte, ya había surgido en los meses previos a la presentación de las ofertas–, ya que no existe claridad acerca de la delimitación de responsabilidades sobre el tema entre el operador y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La admisión por parte de SBASE de que tenía documentación donde constaba la presencia del material en los CAF 5000 y el hallazgo de piezas con asbesto en los Nagoya 5000 han vuelto a poner de relieve la cuestión para los potenciales futuros operadores.
La prórroga del AOM sería especialmente necesaria en el caso de que quien gane la nueva concesión no sea la propia Metrovías, de manera que pueda darse una transición ordenada entre el actual y el operador que resulte ganador. La necesidad de extender el acuerdo actual se vuelve abstracta si en cambio resultara la continuidad de Metrovías. Por eso, la demora en prorrogar el AOM también alimentó las sospechas.
De no mediar prórroga a Metrovías la operación debería revertir automáticamente a la estatal Subterráneos de Buenos Aires. El gobierno de Rodríguez Larreta ya ha hecho saber en ocasiones anteriores que ni siquiera contempla esta opción. Pero hay algo que, opere quien opere, no cambiará: la renovación del material rodante, la gestión de la infraestructura, y las eventuales obras de extensión de la red –frenadas hoy por primera vez en casi medio siglo– seguirán siendo una obligación del Estado.
