La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) nombró a Hernán García Vilas como director en nombre del Estado en Metrovías S.A. Esto forma parte de una serie de nombramientos de directivos en las más de 40 empresas en las que las AFJP tenían acciones y que, tras la estatización, pasaron a manos de la ANSeS. Según el diario El Cronista, el Estado colocó 20 directores titulares, 10 suplentes, y también designó 7 síndicos titulares y seis suplentes en todas las empresas en las que posee acciones.
Consultada por este medio, Metrovías indicó que “como consecuencia de la última modificación del sistema previsional, la ANSeS designó a un director en la empresa. Esta designación no modificó en absoluto la operatoria de la empresa ni implicó una interferencia en el normal desarrollo de la actividad de la compañía”
Sin embargo, la designación de directores del Estado en empresas privadas provocó cierto nerviosismo en los ámbitos económicos. La ley 24.156, que rige las facultades de la SiGeN (Sindicatura General de la Nación) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), dice en su artículo 8º que su poder de auditor abarcará las “empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Vale recordar que, en ninguna de ellas, es el accionista mayoritario.
En ese sentido, el sitio La Política Online consultó al estudio de abogados Cassagne y de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, especializado en Derecho Administrativo, acerca de las prerrogativas que tendría el Estado como accionista en estas empresas. Así lo interpreta Cassagne: “Ninguna de las empresas en cuestión depende del Estado nacional. Pero no solamente porque no existe dependencia, sino que en legislación administrativa la empresa o sociedad del Estado son figuras que no tienen que ver con la actividad privada, son otro tipo de escenario. Tampoco estas empresas pueden caber en el término de organismo descentralizado, como puede ser, por ejemplo, la AFIP”. Así las cosas, no podría auditar.
En idéntico sentido opina Ignacio Sanz, el analista designado por el estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: “La postura del Estado es que ellos pueden nombrar síndicos en cualquier empresa en la que sean accionistas. Eso es falso. Lo que dice la ley que regula a la SiGeN en el segundo párrafo del artículo 114, es que en las empresas donde el Estado tenga participación igualitaria o minoritaria en sociedades anónimas, la Sigen propondrá según la ley 19.550, de sociedades”. Es decir, el Estado tendrá las mismas facultades que cualquier accionista minoritario. “Si tenés mayoría y se votan los síndicos que vos proponés, ganás; si sos minoría y proponés síndicos pero igual te los vota el directorio, también ganás; ahora si estás es minoría, como le pasa el Estado ahora en estas empresas, y proponés un síndico y el accionista mayoritario no los acepta, no ganan y no tienen un derecho a nombrar un síndico”, especificó.
Esto que señala el abogado de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi es lo que provocó un fuerte temor en el sector empresarial. Según creen, el Estado podría empezar a presionar a los accionistas mayoritarios para que, en las asambleas de directorio, voten a favor de los síndicos propuestos por el Estado. Así, no habría trabas para que ponga sus manos en los libros contables de las empresas donde, a través de la ANSeS, posee acciones. Sin embargo, esta situación no parece estar dándose: fuentes de las compañías, incluida Metrovías, indicaron que los directores del Estado no interfieren en el funcionamiento habitual.
