Operación del Subte

La Justicia porteña rechazó el amparo presentado por una ONG y convalidó la ley que autorizó el llamado a licitación para reconcesionar la red de Subte hasta 2034, aprobada por mayoría simple y en una única lectura. La causa, que fue demorada durante meses pasando de juzgado a juzgado, se resuelve apenas un mes antes de la apertura de sobres. Desde la ONG confirmaron que apelarán.

Dos consorcios competirían en la licitación para la concesión del Subte hasta 2034. Uno de ellos, liderado por la francesa Keolis, estaría conformado por el Metro de Londres y Corporación América, del argentino Eduardo Eurnekian. El otro estaría integrado por el Metro de París, Alstom y un tercer socio, que sería el grupo Roggio, controlante de Metrovías. Salvo las de Eurnekian y Roggio, todas las empresas son de capitales estatales. La licitación aún depende de una resolución judicial.

El Metro de Santiago fue sondeado por la RATP para formar un consorcio internacional para presentarse a la licitación para seleccionar un nuevo concesionario del Subte. La empresa chilena declinó por falta de interés. La contratación, pendiente de una resolución judicial.

La causa por la inconstitucionalidad de la concesión volvió a cambiar de manos y recayó en el juzgado de la doctora Andrea Danas. La magistrada corrió traslado al Gobierno de la Ciudad para que se expida en 48 horas hábiles, tras las cuales resolverá la medida cautelar, que pide declarar "nula" la ley que autorizó el llamado a licitación. Citan a la Legislatura.

La operadora del Subte lanzó una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio del Subte y así "mejorar su performance detectando buenas prácticas". El estudio comparará al Subte porteño con otras redes del resto del mundo. El cuestionario puede responderse virtualmente.

Metrovías repartió ganancias entre sus accionistas en 2016 y 2017, al mismo tiempo que era fuertemente subsidiada por el Estado porteño. La calificadora de riesgo Standard & Poor's dice que la rentabilidad de la compañía es "buena" pero que su debilidad es la "fuerte dependencia" de los recursos públicos. El principal argumento a favor de las concesiones era liberar al Estado del déficit que generaba la prestación del servicio, algo que ya no se verifica. La apuesta por un modelo de negocios fracasado.

La Justicia evita pronunciarse sobre el amparo presentado por una ONG que pide declarar inconstitucional y nula la ley que autorizó la concesión del Subte hasta 2034. La causa había recaído originalmente en el juzgado de Pablo Mántaras, pero luego fue transferida por existencia de una causa conexa al juez Osvaldo Otheguy. Ahora, este magistrado se excusó y la devolvió al primero, que deberá determinar si la toma o si la eleva a la Cámara de Apelaciones.

Una comitiva de representantes de Transport for London, entre otras empresas estatales extranjeras, se encuentra inspeccionando el Subte para "conocer en profundidad las condiciones y el estado de la red". Las compañías buscan participar de la licitación para concesionar la operación del Subte y el Premetro hasta 2034, que se encuentra judicializada bajo el argumento de ser inconstitucional.

La concesión del sistema público de bicicletas por un plazo de diez años fue aprobada en primera lectura el año pasado por dos tercios (41 votos). En marzo se hará la audiencia pública y, tras ella, el proyecto volverá al recinto. El oficialismo respetó el proceso constitucional pese a que no hay diferencia sustancial con la concesión del Subte, que se aprobó con menos votos de los necesarios y sin doble lectura. Ahora la Justicia decidirá sobre la eventual nulidad de la norma.

Tras la nota publicada por enelSubte, el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó este miércoles un recurso de amparo colectivo solicitando que se declare inconstitucional y nula la ley que autoriza el llamado a licitación para concesionar el Subte. Según remarcan, se incumplieron los artículos 63, 82 inciso 5, 89 inciso 5, y 90 de la Constitución de la CABA. La acción recayó en el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad número 3.

Constitucionalistas y especialistas en Derecho advierten que la ley de concesión del Subte, aprobada en la Legislatura por mayoría simple y sin doble lectura, es contraria a la Constitución de la Ciudad y podría ser declarada nula. La legalidad cuestionada aparece como una amenaza al proceso licitatorio que se inició esta semana. El antecedente de 2002, cuando el Ejecutivo vetó una ley por incumplir los requisitos constitucionales.

La Ciudad publicará este martes el llamado a licitación nacional e internacional en el Boletín Oficial, dando inicio al proceso de selección del nuevo operador del Subte, que manejará la red hasta 2034. El proceso llevará todo el año y, si se cumplen los plazos previstos, se adjudicará en octubre.

La nueva concesión de la red se licitará en la segunda quincena de febrero y durará desde 2019 hasta 2031. Hay cinco empresas interesadas, todas ellas operadoras estatales en sus países de origen.

El oficialismo logró imponer su criterio y fue aprobada por mayoría simple en el recinto la concesión de la operación y mantenimiento del Subte por hasta 15 años. Votaron a favor el PRO, la Coalición Cívica y Ocaña. La oposición rechazó el proyecto, con cuestionamientos a la constitucionalidad del planteo y críticas a Metrovías. No se descarta la judicialización de la cuestión.

Las comisiones reunidas este martes dieron dictamen favorable al proyecto del oficialismo para concesionar la operación del Subte a un privado por hasta 15 años. El proyecto se tratará en el recinto el 2 de noviembre, dando paso al llamado a licitación, que se resolvería en el transcurso del próximo año. Prorrogarán a Metrovías por un año más.