La diputada nacional de Unión Por Todos Patricia Bullrich presentó al presidente de la Cámara de Senadores, Amado Boudou, un escrito rechazando por insconstitucional la presentación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que traspasa los subtes a la órbita porteña.
Concretamente, la iniciativa tiene como finalidad la ratificación de un acta acuerdo celebrada entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 3 de Enero de 2012 con motivo de la transferencia de los servicios de transporte Subterráneo y Premetro.
Según Bullrich, el proyecto es “claramente lesivo del sistema republicano de división de poderes y violatorio de la Constitución Nacional”, de acuerdo a diversas cuestiones.
En primer término, la diputada por la Ciudad entiende que el “conflicto plantea una cuestión política/institucional y de falta de gestión entre dos jurisdicciones, netamente de inacción en la gestión de ambos gobiernos”. Por eso, dice que podría hablarse “de una cuestión política y de gestión con consecuencias judiciales”, por lo que “no es facultad del Congreso Nacional intervenir en el conflicto”.
En segundo orden, Bullrich subrayó que “desde el Gobierno de la Ciudad se ha decidido dar marcha atrás con lo dispuesto en esa acta devolviendo a la órbita del Estado Nacional la jurisdicción del Control de estos medios de transporte mientras que el Estado Nacional aduce que el Gobierno de la Ciudad ha comenzado a hacer uso de las facultades que le ha conferido dicha acta por lo cual no puede dar marcha atrás con la decisión”.
“El fondo de la disputa no es una cuestión que deba ser analizada por el Congreso Nacional, es una cuestión claramente judicial, toda vez que de ambos lados aducen incumplimientos del acta firmada, es claramente una cuestión que debe ser zanjada por vía judicial, tanto desde el punto de vista del derecho público como desde el derecho privado y no por la vía parlamentaria como falsamente quiere hacer creer la señora. Presidente de la Nación”, dijo la diputada.
En este marco, Bullrich remarcó que el proyecto de ley en cuestión tiene como basamento el acta que se encuentra cuestionada en sede judicial, que es lo que corresponde porque es una cuestión de derecho público que análogamente puede asimilarse con el derecho privado por el incumplimiento de un ‘contrato’ que obliga a las partes como ley entre ellas siempre que el objeto sea lícito y ante el incumplimiento de los mismos la vía a la que se recurre es a la judicial y no a la parlamentaria, por lo cual continuar con el tratamiento de dicho proyecto y aprobarlo sería inmiscuir al Congreso en facultades que son propias del Poder Judicial por lo cual inmediatamente quedaría violado el Principio Republicano de División de Poderes”.
En tercer término, la diputada de Unión Por Todos señaló que “el acta como el proyecto de ley resultan atentatorios también de las facultades del Congreso de la Nación dispuestas por el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional que en quinto párrafo dispone: ‘No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso’”.
“El aporte estipulado como ‘único’ por el Estado Nacional para con el Gobierno de la Ciudad en lo referente a estos medios de transporte solo toma este año en curso, pero en ningún momento se establece una reasignación de fondos definitiva y constante respecto a los recursos necesarios para el correcto desempeño de los subterráneos y las inversiones que sean necesarias realizar de aquí a futuro, por lo cual independientemente de las facultades que son propias del Estado Nacional y del Gobierno nacional el acta podría ser tachada por nulidad absoluta”, expresó en ese sentido.
