“Me parece terrible a lo que estamos asistiendo porque el juez, que es un juez de Feria que se llama Fernando Lima, rechazó la medida cautelar y el amparo sigue su curso”, explicó el legislador, y precisó que “ocho recursos se presentaron por parte de ONG´s, legisladores y particulares contra el 127 % (de aumento) en el boleto del subte”.
En diálogo con radio La Red, Aníbal Fernández consideró que las medidas cautelares se presentan “cuando se entiende que lo que hace el Estado perjudica a determinado segmento de la sociedad, que es un segmento de universo muy grande de gente, porque un boleto que costaba 1,10 ahora pasa a costar 2,50”. Precisó que “dos millones de personas están trasladándose en el subte todos los días y pasarle de 1,10 a 2,50 en el presupuesto de cualquiera con el sueldo de un trabajador impacta”.
Y se preguntó: “¿Porqué no paramos un poquito la pelota, vemos lo que está pasando y cómo se puede resolver el tema en defensa y por las razones que motivaron las presencias de las medidas cautelares?”. “Llamativamente y en un tiempo récord saca el juez Fernando Lima la medida en la cual le permite seguir adelante con el aumento del 127 % y lo llamativo es que cuando estamos defendiendo los derechos que le pertenecen a todos los argentinos como usuarios”, expresó. Aseguró que el juez “sabe Dios por qué razón, concede las medidas cautelares en segundos contra el gobierno nacional, cuando el gobierno nacional lo que está haciendo es defender el derecho del usuario, del trabajador.
El senador dijo que lo “asustan” porque son medidas que son absolutamente gravosas y un señor muy suelto de cuerpo, y nada menos que siendo un juez de feria las tome, a mi me llama la atención, me cuesta creer que no hay cercanías con el poder para tomar decisiones de semejante característica, perjudicando a dos millones de personas. Sostuvo que “Mauricio Macri por supuesto, le metió para adelante con lo que el tenía con el aval del juez que también es incomprensible y criticó al Jefe de Gobierno cuando sostiene que no tiene necesidad de convocar a una audiencia pública, que lo va a hacer para dentro de tres meses para resolver eventuales modificaciones en el contrato, que no tiene determinado el monto del subsidio que pagaba la Nación y que el convenio original estipulaba un determinado valor en el boleto”.
“Lo que más me preocupa en el fondo y lo que me pregunto es: ¿y el impacto en el bolsillo del usuario que va a ser dañado en forma inmediata?, reiteró Aníbal Fernández, quien le preguntó al magistrado si sabe que este es un servicio que es utilizado por los que menos tienen”.
