La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) elaboró un minucioso informe acerca de las compras y contrataciones realizadas por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) durante el año 2013, que fue aprobado por todos los auditores que integran el organismo, incluyendo los del oficialismo.
Entre las varias objeciones presentadas por el organismo de control se cuentan irregularidades detectadas en la operación de compra de los polémicos coches CAF 6000 para la línea B, comprados de segunda mano al Metro de Madrid.
Para la Auditoría, tanto la “estimación de los costos” como “la fundamentación de la conveniencia de la compra” fueron “insuficientes” y no cumplieron los parámetros de lo dictaminado por la Procuración General, que había ordenado a SBASE “justificar la contratación” y “verificar la razonabilidad de los precios finales“.
El informe deja en evidencia el relevante papel que tuvieron en la operación los gerentes de Planeamiento, Mariano Cermesoni y de Material Rodante, Miguel Ditamo, quien fue despedido de SBASE a principios de este año por causa de esta compra.
En tanto, el entonces gerente de Legales, el polémico Juan Freire Aurich –quien luego del escándalo fue enviado a España a hacer un posgrado– se limitó a convalidar la contratación directa al encuadrarla dentro del Reglamento de Compras de SBASE, que autoriza a la firma a realizar contrataciones con empresas públicas extranjeras, en este caso “Metro de Madrid, que es una sociedad del Estado de la Comunidad de Madrid”.
La Gerencia de Planeamiento fue la encargada de recomendar en primer lugar la operación ante el Directorio haciendo hincapié en que las prioridades eran (según el orden en que constan en los documentos) “profundizar la incorporación de aire acondicionado en la línea B”, “mejorar las frecuencias en el mediano plazo” y “renovar la flota en el largo plazo”.
[quote_box_right]Para la Auditoría, tanto la “estimación de los costos” como “la fundamentación de la conveniencia de la compra” fueron “insuficientes” y no cumplieron los parámetros de lo dictaminado por la Procuración General, que había ordenado a SBASE “justificar la contratación” y “verificar la razonabilidad de los precios finales”.[/quote_box_right]
Cermesoni bien conocía la limitada compatibilidad de los coches con la infraestructura de la línea B, ya que consignó en su informe que de comprarse, sería necesario retrocharlos e instalar catenaria rígida en toda la línea, que hasta ese entonces operaba únicamente con tercer riel. No consta en los documentos que se necesitara realizar obras de repotenciación en subestaciones, algo que debería encararse más tarde.
La Gerencia de Material Rodante emitió entonces sendos informes técnicos en los que aconsejó la compra, realizando una comparativa de precios entre los CAF 6000 y lo abonado por otros trenes usados como los Nagoya 5000 y los CAF 5000, con trenes nuevos como los Alstom de la línea H y los CNR de la línea A, además de citar una comparación con coches usados del Metro de Osaka, en Japón, de los que no se dan mayores precisiones.
Esa comparativa fue blanco de las objeciones de la Auditoría: “Se verifica una comparación con precios de plaza cuya fuente no se consigna. Se compararon precios […] sin que se tratara de precios cotizados oficialmente por esas empresas”. Esos precios, acusa el informe, “no incluyeron los gastos de nacionalización, transporte, seguros e impuestos. Estos ítems son de fundamental importancia a la hora de saber cuál podría ser el precio final. [Su ausencia] no permite efectuar una comparación certera y justa“.
El informe señala además que “no se ha efectuado un análisis de sustentabilidad de la flota adquirida, ni se ha llevado a cabo el estudio de consumo y ahorro energético de los coches, ni lo relativo al ciclo de vida con una proyección que sopese las condiciones de los coches ya usados y el futuro de los mismos”.
La Auditoría recordó que un dictamen de la Procuración General de la Ciudad –organismo encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos– exigió que “SBASE expresara las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que justifican la contratación y que verificara la razonabilidad de los precios finales”, algo que la empresa estatal incumplió.
La falta de estos datos, concluye la Auditoría, “no permite concluir la conveniencia de la compra de material rodante usado frente a material sin rodar”.
