Para que se inicie una investigación con el objetivo de determinar la posible “comisión de delito de enriquecimiento indebido e incumplimiento de deberes de funcionario público”, la diputada porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña , presentará hoy una denuncia en el fuero penal contra Metrovías , la empresa concesionaria del servicio, y Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
Entre los fundamentos, en un texto de por lo menos 500 páginas al que tuvo acceso LA NACION, Ocaña utiliza los datos de un informe elaborado por la Auditoría General de la Ciudad “que revela que los costos oficiales del subte porteño tendrían irregularidades donde resultaría imposible sostener una tarifa técnica de $ 7,47”. Mientras el informe mencionado por la legisladora concluye que el boleto debe costar $ 5,67, otra auditoría realizada y utilizada por el Gobierno aconseja un valor de $ 7,47.
“Sbase definió una tarifa técnica incorrecta. Esto podría derivar en que el gobierno porteño subsidie gastos de mantenimiento y depreciación del material rodante e infraestructura y que Metrovías termine aplicando esos montos a la operatividad del servicio, con el agravante de que la depreciación no implica erogación alguna de fondos”, dice el texto. En 2014 está previsto que Metrovías reciba 1000 millones de pesos de subsidio y por boletería ingresen otros $ 900 millones. En tanto, los costos operativos del sistema ascienden a $ 1400 millones.
“Los vecinos de la ciudad se encuentran abonando como usuarios por un servicio que no sólo no cumple con los estándares mínimos de seguridad, sino que tampoco brinda prestaciones de calidad en el servicio”, continúa la denuncia. “Sin lugar a dudas, es el Estado quien debe controlar al concesionario para que brinde un servicio de calidad y eficiente. Lamentablemente, la realidad nos demuestra que el gobierno avala las irregularidades de la empresa y lejos de exigirle mejor calidad en el servicio le aumenta el subsidio y la tarifa”, agrega.
La ex ministra de Salud de la Nación también basó su presentación en el impacto que el aumento representaría en el bolsillo de los usuarios. “Se pretende dibujar costos de la tarifa del subte a fin de aumentar los resultados finales incluyendo factores que la propia ley no menciona. Resultando ser víctimas los usuarios que utilizan el subte como una herramienta de transporte rápida para llegar a sus trabajos y hogares”, finaliza el extracto del texto.
Por todo lo expuesto, la denuncia de Ocaña concluye con un petitorio hacia los jueces del tribunal: “Resulta imprescindible investigar la conducta de los funcionarios de Sbase con la connivencia de la empresa [Metrovías] que estarían incurriendo en el delito de enriquecimiento indebido e incumplimiento de deber de funcionario público”.
por La Nación y enelSubte.com
