El Estado nacional tomaría la responsabilidad de finalizar las estaciones Villa Crespo y La Paternal, ubicadas en el viaducto de la línea San Martín e inconclusas desde hace dos años, que originalmente estaban a cargo del gobierno porteño.
Tal como había anticipado enelSubte, desde hace varios meses existían conversaciones entre ambas jurisdicciones para negociar “el detalle fino” del traspaso de las obras, incluyendo varios temas, como el financiamiento.
Sin embargo, contexto electoral mediante, las negociaciones se empantanaron y ahora la Ciudad le adelantó al Ministerio de Transporte que no se ocuparán del tema. Si bien aún no hay plazos definidos, fuentes de Nación confirmaron que la apuesta es tomar las obras para finalizarlas y habilitar las dos paradas.
La falta de terminación y el abandono de ambas estaciones no solamente perjudica a los usuarios del transporte público –la estación Villa Crespo, por caso, permite combinar con la línea B del Subte– y a los vecinos de la zona, sino que también contribuye a la degradación de sus respectivos entornos, tal como reflejó un reciente artículo publicado en Clarín.
El reclamo de los vecinos se hizo oír el pasado viernes, cuando se convocó a un “banderazo” en la estación Villa Crespo para exigir la terminación de las obras y la reapertura de esta estación, además de La Paternal, de cuyo cierre se cumplieron semanas atrás cuatro años.
El desaguisado generado con ambas estaciones se debe, en buena medida, a la controvertida decisión del gobierno anterior de delegar obras ferroviarias en la Ciudad –algo que se repitió, aunque con mejor suerte, en el viaducto de la línea Mitre–, una práctica cuyas razones no fueron nunca claramente explicitadas y que incluso fue objetada por informes de auditoría de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Estación La Paternal en la misma situación. El @gcba es el encargado de ejecutar también la obra.
¿Qué onda? Y ¿El discurso del transporte público y las ciudades sin auto? 🙄🤔 pic.twitter.com/PYjHoUkvcT
— Bicivilizadxs (@bicivilizados) September 19, 2021
Viaducto San Martín: dos años de idas y vueltas
El viaducto de la línea San Martín entre Palermo y el puente de la Av. San Martín fue inaugurado en julio de 2019, sin terminar y al calor de la campaña electoral, con la promesa de que las estaciones intermedias elevadas –cuyas obras estaban avanzadas– abrirían en los meses siguientes.
Al poco tiempo de la apertura, estalló un escándalo con la contratista a cargo de la obra (la UTE Green-Rottio), que adeudaba pagos a proveedores y se encontraba en una frágil situación financiera. Ante esto, en septiembre de 2019 la Ciudad –tal como había anticipado enelSubte– decidió rescindir el contrato por incumplimientos. Esto no afectó aquellas obras que formaban parte de contratos independientes, como los de vías y señalamiento, finalizados durante el año pasado.
Debido a que aún quedaban obras pendientes, en diciembre de 2019 la Ciudad relicitó los trabajos remanentes (incluyendo la terminación de las estaciones Villa Crespo y La Paternal) a través de la empresa estatal porteña AUSA. Los sobres se abrieron en enero de 2020, quedando la adjudicación prevista para marzo de ese año. No obstante, tras el estallido de la pandemia los plazos se dilataron.
Finalmente, la Ciudad adjudicó parcialmente la licitación, contemplando únicamente trabajos complementarios tales como “demolición de estructuras y limpieza de terrenos bajo viaducto, nivelación, conexión de puesta a tierra, terminación superficial de estructuras, colocación de desagües pluviales y completamiento de pantallas acústicas”, dejando pendientes las obras de las dos estaciones.
Es decir: el gobierno de Macri traspasó una obra ferroviaria –en una línea operada por el propio Estado– al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tras el cambio de gobierno a nivel nacional dejó dos estaciones abandonadas por no considerar que su finalización fuera de su prioridad. Ahora, de prosperar la alternativa planteada, la responsabilidad de llevar adelante las obras y rehabilitar las estaciones recaerá en el Estado nacional tras dos años de un perjuicio casi inaudible para los pasajeros del San Martín.