El Gobierno reglamenta el acceso abierto ferroviario, pero lo delega a los privados

El Gobierno introdujo modificaciones en el acceso abierto a la red ferroviaria. La gestión de la infraestructura quedará delegada en los futuros concesionarios de vías, en lugar de la ADIF: la red seguirá parcelada. El Estado tendrá un rol marginal, limitándose a aprobar los mecanismos propuestos por los privados. La decisión apuntala la reprivatización total del sistema.

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En la antesala de la privatización del sistema, el Gobierno nacional introdujo modificaciones en el acceso abierto a la red ferroviaria.

Mediante la resolución 1984/2026 del Ministerio de Economía, que lleva la firma del ministro Luis Caputo y que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, se estableció que la implementación del libre acceso por parte de cualquier operador ferroviario a la red –principio establecido en la ley 23.132 de Ferrocarriles Argentinos– quedará en manos de los futuros concesionarios privados.

Según consta en el anexo de la resolución, el acceso de los operadores será delegado en los futuros “administradores de infraestructura” –no confundir con Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF)–, es decir, los futuros concesionarios de las vías.

Estos, de acuerdo a la citada resolución, deberán “presentar ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía el Procedimiento de Solicitud de Acceso”. Las autoridades deberán responder en el plazo de 15 días, y en caso de no suceder, se podrá aplicar de forma provisional.

El procedimiento deberá contener “(i) solicitud del operador ferroviario y verificación de condiciones previas; (ii) asignación de ventanas de paso y acceso a la red; (iii) formalización del Convenio de Circulación; (iv) verificación del cumplimiento para la corrida de trenes”. A su vez, se deberán precisar otros aspectos como comunicación, peaje o canon, documentación, entre otros aspectos.

En cuanto a los requisitos de los operadores, se mantiene la obligatoriedad de estar inscriptos en el Registro Nacional de Operadores Ferroviarios (ReNOF) y se deberá presentar el plan de carga, información de seguros, nómina del personal, procedimientos ante contingencias y detalles de tráfico. Los administradores, por su parte, deberán aprobar las solicitudes de los operadores en un plazo de 30 días transcurridos desde la presentación, aunque el plazo será extensible en el caso de faltante de documentación o necesidad de subsanar.

Por otra parte, los administradores de infraestructura presentarán ante la Secretaría de Transporte “un modelo de Convenio de Circulación que será utilizado para sus relaciones con los operadores ferroviarios”. Al igual que con el procedimiento de solicitud de acceso, habrá 15 días para la aprobación oficial y, en caso de no ocurrir, se podrán celebrar convenios de circulación de carácter provisional de acuerdo al modelo presentado. Este modelo deberá contemplar las rutas de circulación adjudicadas, aspectos operativos como velocidades y pesos máximos, procedimientos de solución de controversias entre partes, acuerdos relativos a servicios auxiliares, entre otros aspectos.

Estas empresas deberán autorizar a los operadores que cumplan con los requisitos, a excepción de que se constaten incumplimientos, falta de capacidad disponible o falencias de seguridad operacional. A su vez, debe garantizarse un “trato no discriminatorio”.

Los administradores finalmente deberán publicar y remitir a la Secretaría información relativa a la red en concesión, al cálculo del canon o peaje, capacidad de red disponible, restricciones permanentes o temporales a la circulación, el reglamento operativo, criterios de asignación, entre otras cuestiones.

En otras palabras, cada concesionario privado de la infraestructura podrá determinar normativa diferente distinto para eventuales terceras empresas que deseen prestar servicios sobre los sectores de la red a su cargo.

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¿Tiro de gracia a la ley de Ferrocarriles Argentinos?

La ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos fue sancionada en 2015, siendo la primera normativa general para el sector ferroviario desde las privatizaciones del menemismo. La ley, aprobada con apoyo transversal de todos los grupos políticos mayoritarios –basta con recordar que fue propuesta por Cristina Kirchner y votada hasta por el actual ministro Sturzenegger–, estableció una serie de cambios sustantivos para modificar el marco heredado de las privatizaciones con la intención de dotar a la red ferroviaria de una conducción unificada, que nunca llegó a concretarse.

Por un lado, la ley estableció el principio de administración estatal indelegable de la infraestructura ferroviaria y de los sistemas de control de circulación de trenes. Esto significa que el Estado no sólo es titular y responsable de las vías, estaciones y demás instalaciones fijas, sino que además debe ser quien gestione los reglamentos, sistemas de señales y el control de circulación de trenes, funciones que en la década del 90 fueron delegadas en las concesionarias.

En otras palabras, la ley vigente prohíbe las concesiones integrales hasta ahora existentes, en que una empresa privada no sólo presta servicios sino que es “dueña” de una determinada porción de la red ferroviaria. En cambio, establece el principio de acceso abierto (open access), por el cual, además del propio Estado –responsable por la infraestructura–, cualquier operador privado podría pagar un peaje por el uso de las vías.

Sin embargo, la normativa nunca se aplicó en la práctica y las concesiones otorgadas en la década de 1990 fueron prorrogadas sucesivamente. En noviembre de 2018 –más de tres años después de la sanción de la ley–, el entonces ministro Dietrich reglamentó la norma aprobada por el Congreso en un sentido totalmente contrario a su espíritu, sin definir ningún mecanismo de adecuación de las concesiones y sin avanzar en la recuperación de capacidades para la gestión estatal de la infraestructura.

En el año 2021, mediante la resolución 211/2021, el gobierno de Alberto Fernández rechazó las prórrogas solicitadas por las cargueras y en el mismo acto asignó formalmente la operación carguera de los ferrocarriles Sarmiento, Roca y Mitre a partir del vencimiento de las concesiones a Trenes Argentinos Cargas (BCyL). Sin embargo, el Estado nunca recuperó la administración de las vías: tras insistir infructuosamente en soluciones híbridas para garantizar una continuidad encubierta de las concesionarias salientes, las autoridades optaron por extender los contratos mediante prórrogas precarias. Finalmente, el año pasado la propia resolución que devolvía las vías al Estado fue derogada.

Extienden la concesión de NCA hasta fines de 2032

Ahora, con las modificaciones introducidas, el Estado toma un rol testimonial, limitado a una intermediación administrativa entre los adjudicatarios de la gestión de vías –un rol que la la ley todavía vigente reserva en forma expresamente “indelegable” al Estado– y los operadores ferroviarios.

En este sentido, el acceso abierto à la Sturzenegger se desnaturaliza por completo: en lugar de garantizar, como en el modelo europeo, la gestión pública del conjunto de la infraestructura ferroviaria, se limita a regular pautas para que las nuevas concesionarias habiliten la eventual competencia en “sus” sectores de la red. No sólo cada concesionaria de infraestructura podrá disponer sus propios procedimientos, sino que se abandona cualquier pretensión de reunificación normativa de la red en términos de control de circulación, señalización o programación de servicios, condición esencial para que pueda existir una administración común del sistema.

La nueva privatización toma del acceso abierto el principio –al menos desde lo conceptual– de separación entre infraestructura y operación, pero lo subvierte: concesiona la administración de las vías, que la ley define como responsabilidad estatal, y deja librado al arbitrio de estos nuevos gestores privados la autorización a los operadores, que podrían ser ellos mismos u otras empresas inscriptas en el ReNOF. Cabe recordar, además, que la privatización incluye la subasta del material rodante estatal, cuyo producido irá a un fideicomiso que financiará las escasas obras que los pliegos de licitación de TAC exigen a las nuevas concesionarias.

La nueva resolución, por otra parte, apuntala el proceso de reprivatización ferroviaria en curso que contempla la concesión en paquetes de vías, talleres y la venta del material rodante de propiedad estatal. La apertura de sobres, originalmente prevista para este mes, fue postergada para diciembre tras el anuncio de que Grupo México Transportes, que venía presionando al Gobierno para que se derogara el acceso abierto, no competirá en la licitación precisamente por este motivo.

Cabe recordar que el programa en curso no sólo contempla la privatización de la estatal TAC, sino también la reconcesión de las líneas Sarmiento y Roca –actualmente operadas mediante prórrogas precarias por concesionarias privadas sobrevivientes de la década del 90– mientras que, de forma separada al resto, la concesión integral de NCA sobre la red del Ferrocarril Mitre fue extendida hasta 2032. También trabaja el Gobierno para la reprivatización de las cinco líneas de pasajeros del AMBA actualmente operadas por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), autorizada por el Congreso en la “Ley Bases”, así como nuevas licitaciones para las dos líneas que quedan en manos de operadores privados.

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