Desde las 16.45, medio centenar de personas se manifestó en contra de los desalojos, especialmente los inquilinos que se quedarían sin trabajo. La gran mayoría de los manifestantes son comerciantes que trabajan en la zona hace más de 40 años y que alquilan los locales. Y, aunque hay una ley de expropiación que atiende a los dueños, los comerciantes que alquilan no recibirán ningún beneficio.
“El mismo reclamo hace la gente de la avenida Pueyrredón y Santa Fe que sufrirá el mismo proceso. Hoy estuvieron con nosotros en el corte. El gobierno no responde nada, sólo con intimaciones y desalojos. La semana próxima seguiremos con nuestro reclamo, con mails, pancartas y nuevos cortes”, dijo a LA NACION Andrés González, uno de los comerciantes damnificados.
Ayer, la Defensoría del Pueblo porteña presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que propicia la entrega de un beneficio económico a los comerciantes locatarios de los inmuebles expropiados, que están afectados a la construcción de las estaciones Santa Fe, Córdoba, Sáenz y Pompeya de la línea H de subtes.
“Ante la cantidad de pedidos que han realizado los vecinos elaboramos este proyecto”, explicó Alicia Pierini, defensora porteña.
El proyecto, según se indicó en el organismo, se inscribe en el marco de la ley 23.514, de 1987, que creó del Fondo Permanente administrado por Subterráneos de Buenos Aires y destinado exclusivamente a las inversiones que originen los proyectos, construcciones, instalación y demás erogaciones necesarias para la habilitación de nuevas líneas o ampliación de las existentes.
Ese fondo, al que aportan casi todos los vecinos de la ciudad y que está conformado por el aporte de tasas, impuestos y de recaudaciones de AUSA, está estimado, según el presupuesto de este año en materia de recaudación, en $ 267 millones.
