Subterráneos

La empresa estatal llamó a una licitación para renovar el sistema de alimentación eléctrica de la línea B. Se trata de una obra de adaptación para poner en funcionamiento la flota CAF serie 6000 adquirida de segunda mano al Metro de Madrid. La patente de esta tecnología pertenece a la operadora española.

La estatal estudia comenzar con la construcción de la línea F para 2015. La obra "llave en mano", con material rodante incluido, costaría 500 millones de dólares. Buscarán obtener financiamiento chino, aunque no se descarta apelar al BNDES o al BID. También estudian cambiar el trazado de la G, llevándola por Av. Córdoba hasta Colegiales.

enelSubte.com dialogó con Andrés Borthagaray, director para Latinoamérica del Instituto por la Ciudad en Movimiento. La entidad se encuentra trabajando junto con el estudio Shakespear para renovar los planos de la red y crear nuevos mapas de entorno para las estaciones en virtud de un convenio con el GCBA.

Gremialistas anunciaron una paralización en las tareas de reparación general por "falta de cumplimiento de los acuerdos" por parte de la concesionaria. No obstante, la medida quedó en suspenso por una urgente reunión con representantes de Metrovías. A fines de agosto hubo una paralización de actividades en el Taller San José por razones similares.

En el marco de lo anunciado por SBASE, empresas tercerizadas comenzaron sus labores de limpieza exterior de coches. Esperan quitar los graffitis de todas las formaciones para fin de año.

La compañía publicita como novedad una renovación masiva del 70% del material rodante, aunque en realidad se trata de una acumulación de anuncios realizados desde 2012.

Contrariando las recomendaciones de la auditoría barcelonesa, el Gobierno de la Ciudad no tiene planes para la digitalización de la línea C. La seguridad de los usuarios de uno de los recorridos más saturados de la red está en manos de un sistema de 75 años de antigüedad.

Mediante empresas de limpieza, buscarán remover los graffitis de todos los trenes de la red para fin de año. La medida fue anunciada en mayo bajo un plan de tercerización fuertemente cuestionado por los trabajadores, que denuncian subutilización de las instalaciones del Subte.

Jefe de Gobierno envió proyecto al legislativo local solicitando autorización para endeudarse por 190 millones de dólares. Dicho crédito será para financiar la adquisición de 105 coches para la línea A, preadjudicados a CNR y CITIC en mayo.

La idea se originó en la ciudad española de Barcelona y se propagó entre los porteños por las redes sociales. "El silbato te protege porque dirige la atención de la policía y los pasajeros", sostiene una cuenta en Twitter.

Se restaurarán sólo siete coches. Las maderas recibirán tratamiento y quitarán graffitis y piezas vandalizadas, pero dejarán intactas las piezas cuyo deterioro no sea superior al 30%. Prevén realizar un servicio esporádico sólo con pasajeros sentados y fuera del horario comercial.

El taller San José está en paro por tiempo indeterminado debido a incumplimientos por parte de Metrovías en obras de protección eléctrica y en la entrega de protocolos de corte de tensión. Al igual que en el conflicto de la línea B, la empresa y Gobierno de la Ciudad "continúan improvisando y no asegurando la eficiencia y seguridad del servicio” aducen desde el sindicato, quienes denuncian "riesgo de vida" por el estado de las instalaciones.

Cerca de las 7 de la mañana, un hombre se arrojó a las vías en la estación Callao de la línea D de subte, sentido a Congreso de Tucumán, para reclamar la reincorporación a Metrovías, de donde fue despedido hace cuatro meses.

Representantes de SBASE disertarán en la entidad sobre las tareas de restauración y conservación a que serán sometidos los retirados coches de la línea A. Será el próximo 21 de agosto a las 19 horas. La entrada es gratuita.

La extensión de la línea E a Retiro, que hoy encara la Nación, fue una obra que Metrovías debía ejecutar con fondos propios. Las demoras en su ejecución y la Ley de Emergencia Ferroviaria de 2002 alteraron significativamente el panorama y obligaron al Estado a hacerse cargo de lo que en algún momento fue obligación contractual de la concesionaria.