29 marzo 2024

Un presidente con prontuario

La designación de Juan Pablo Piccardo al frente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) genera críticas desde distintos sectores debido a su largo prontuario político. La historia del cuarto presidente de SBASE en tan solo dos años de gobierno macrista.

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“Después de dos años muy buenos en Espacio Público”, dijo Mauricio Macri al anunciar los recambios ministeriales que debió realizar forzado por las circunstancias, Juan Pablo Piccardo fue degradado al puesto de presidente del directorio de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. No es auspicioso pasar a presidir una empresa pública desfinanciada, con movimientos de personal y virtualmente intervenida. En otras palabras, Piccardo no está siendo premiado al pasar a SBASE. Antes bien, su gestión al frente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público fue criticada por varios flancos.

El flamante presidente de Subterráneos conoce a Macri desde la infancia, cuando fueron compañeros en el Colegio Cardenal Newman. Aficionado al rugby, llegó a jugar con Los Pumas aunque nunca en el equipo titular. Posteriormente cursó Ingeniería Industrial en la UBA y comenzó a dedicarse a la actividad profesional: trabajó en Pindapoy, en la consultora Pistrelli y se desempeñó por años como Gerente General de Isenbeck. Su salida, poco antes de asumir como ministro, no fue decorosa: una auditoría contratada por la empresa lo encontró culpable por malversación de fondos “varias veces millonaria”, llegando así a peligrar su asunción cuando se conoció la causa penal en su contra. Amigos son los amigos, Mauricio Macri lo confirmó en su puesto.

Del 9 de diciembre de 2007 hasta ahora fungió entonces como Ministro de Espacio Público, sin haberse dedicado a la materia nunca antes en su actividad académica ni profesional. Su desempeño se vio, se decía, salpicado por varias denuncias. En 2008 fue criticado por las obras de “modernización”, consistentes en la instalación de nuevas luminarias y la repavimentación de calles, encaradas por su cartera en el Área de Protección Histórica de San Telmo sin la autorización correspondiente.

A fines de año, cuando se discutía el primer presupuesto elaborado por el macrismo –el de 2008 era legado del gobierno de Telerman–, Piccardo estuvo nuevamente en el ojo de la tormenta por denuncias de sobreprecios encubiertos en el aumento de los precios cobrados por las empresas privadas de recolección de basura contratadas por la Ciudad. Legisladores opositores le indicaron que, en el área atendida directamente por el Estado a través del Ente de Higiene Urbana, los precios eran hasta un 104% menores a los reconocidos a los privados con aumento. El ministro se excusó aludiendo que los precios no eran otros que los de mercado: “Vamos a tener un costo competitivo, que la ciudad se merece, después discutimos si es más o menos que el Estado”.

Este año proliferaron varias denuncias de sobreprecios en obras de remodelación de plazas a cargo de su ministerio. Piccardo terminó reconociendo ante la Legislatura que se dio el caso en el presupuesto destinado a la plaza Herminia Brumana, del barrio de Flores, y prometió investigarlo. Hace días el diario Página|12 dio a conocer un caso similar en una plazoleta de Constitución descubierto por un arquitecto especialista en restauración, quien hizo la denuncia correspondiente a la Defensoría del Pueblo.

El asunto más resonado de su manejo al frente del ministerio, sin embargo, fue la acción de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Este cuerpo creado en octubre de 2008 fue acusado de actuar como brazo parapolicial del GCBA, documentándose desalojos violentos de personas sin techo de parques, plazas, veredas y otros espacios públicos. Acosado por las denuncias de organismos de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo y de la oposición en la Legislatura, el gobierno de Macri anunció la disolución de la UCEP. Se denunció que el cuerpo, formado por una selección variopinta de empleados de planta permanente, sigue operando a pesar de su desaparición formal.

El tiro de gracia para su deslucido paso por Espacio Público fue quizás el accidente ocurrido el pasado 2 de diciembre en Plaza Armenia, cuando el desprendimiento de una gigantesca rama hirió gravemente a una nena de seis años. Piccardo reconoció que los vecinos hacía meses habían denunciado la falta de poda en la plaza y anunció el despido de un funcionario de cuarta línea como responsable político de la negligencia. Pocos días más y, cambios en el equipo mediante, también el ministro dejaría su cargo.

Visto lo anterior, las perspectivas para Subterráneos de Buenos Aires no son alentadoras. Piccardo llega sin la menor experiencia en transporte público, mucho menos en la problemática particular del Subte. Llega a una empresa, se decía, que hoy en día no está cumpliendo ninguna función. Las obras están paralizadas por falta de pago a los contratistas, la asignación de fondos reducida al mínimo legal por el Presupuesto 2010; hasta la Gerencia de Control de la Concesión, denuncian los empleados, fue mayormente desmantelada durante los interinatos de Vallejos y Jahn.

Subterráneos de Buenos Aires acumula así cuatro presidentes en dos años, una marca difícil de igualar. Las buenas administraciones se destacaron por su estabilidad: Nicolás Gallo permaneció alrededor de cuatro años al frente, Alejandro Nazar Anchorena cumplió un quinquenio. Hasta la gestión del contador Edgardo Kutner, duramente criticada en su momento por este medio, se mantuvo entre 2002 y 2007. En todos esos casos, huelga decir, las obras de extensión se mantuvieron en marcha con recursos propios de la Ciudad incluso durante períodos de crisis económica.

Las promesas de Mauricio Macri durante su carrera a la jefatura de Gobierno parecen ciencia ficción: el suyo sería el gobierno de los diez kilómetros por año, de la red prácticamente doblada en su longitud al término de su mandato. Los diez kilómetros por año se transformaron en cero durante 2008 y cero durante 2009, salvo que se quiera contar la inauguración de la extensión de la línea A hasta Carabobo, lista desde meses antes de terminar el gobierno de Telerman. Este año incluso el gobierno hizo uso de los superpoderes de Rodríguez Larreta –no sólo el gobierno nacional los tiene– para reasignar la partida presupuestaria destinada a SBASE, hecho que desencadenó el freno en los trabajos de expansión.

Metrovías se vio cuestionada incluso por su aliado más firme, el gobierno nacional, sin que la Ciudad apareciera como parte interesada. El gobierno porteño, que es su titular a través de Subterráneos de Buenos Aires, no parece tener una política para la red. No hay rumbo. En ese marco aparece Piccardo, descendido de ministro a presidente de una repartición de otro ministerio, el todopoderoso MDU que comanda Daniel Chaín. Ministerio que por cierto se solapa en sus competencias con el que tenía a su cargo Piccardo. De hecho varios de los ministerios del gobierno de Macri se componen de denominaciones rimbombantes y competencias difusas, cruzadas o en conflicto.

La única perspectiva para el año entrante, si cabe usar la palabra, es que la Ciudad aproveche su abandono del Régimen de Responsabilidad Fiscal que la ligaba al gobierno nacional para tomar deuda que permita encarar las obras de subtes. Sin embargo, no se trataría de nuevas líneas. Tan solo de poder continuar los trabajos hoy paralizados por falta de pago, que hasta 2008 y desde 1979, cuando la empresa fue municipalizada, se ejecutaron con recursos presupuestarios propios de Subterráneos de Buenos Aires.

Ahora se presenta necesario endeudarse para avanzar en la extensión de la H a Hospitales y Parque Patricios, inaugurar la prácticamente finalizada estación Corrientes y avanzar en las demoradas extensiones de las lineas A y B hasta sus terminales definitivas. Los fondos están asignados a otras prioridades, distintas del transporte público: por caso la malograda Policía Metropolitana se lleva unos 400 millones de pesos en el presupuesto 2010 y un aumento de subsidios a la educación privada laica y confesional toma otros 100 millones.

El mismo Jorge Irigoin, primer presidente de Subterráneos de la etapa Macri, calculaba que para mantener las obras a buen ritmo SBASE precisaría un piso de $600 millones, sólo para finalizar los trabajos ya en marcha. ¿Cuánto podrá hacer Piccardo con el monto máximo de $380 millones que la Legislatura permitió tomar de deuda al gobierno para subtes? Suponiendo que se obtengan y que lleguen a destino, por supuesto.

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