La Cámara de Apelaciones porteña rechazó un recurso interpuesto por la ONG Basta de Demoler para desestimar la denuncia del GCBA contra la asociación, a la que el Estado le reclama 24 millones de pesos por “daños y perjuicios”. Con esta resolución judicial, la causa seguirá su trámite.
La denuncia, un hecho sin precedentes en la Ciudad, comenzó su trámite en 2014 cuando Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) demandó -a través de su entonces gerente de Legales, Juan Freire Aurich– a la ONG patrimonialista exigiendo un resarcimiento económico por la paralización de las obras de la estación Plaza Francia de la línea H, ocurrido a consecuencia de un amparo presentado por la asociación.
La empresa estatal argumentó entonces que el amparo interpuesto por Basta de Demoler obedeció a “una acción política” destinada a “impedir o entorpecer la gestión de gobierno”. Los amparistas, “so pretexto de proteger el medio ambiente”, tuvieron “el propósito de obliterar una obra pública destinada a la prestación de un servicio público”.
Santiago Pusso, vicepresidente de la ONG, en relación a los 24 millones de pesos que le reclama la Ciudad, explicó que “los pocos fondos que ingresan son de donaciones. No podríamos afrontar semejante suma de dinero, ni la asociación ni yo personalmente, dado que la causa es contra mi persona y contra Sonia Berjman [reconocida paisajista y amparista en la causa Plaza Francia]”
Pese a que en el caso Plaza Francia la Justicia terminó fallando a favor del GCBA, las obras estuvieron paradas por diez meses y la estación fue reubicada en Facultad de Derecho. La dilación fue luego aprovechada por SBASE para no respetar el trazado original de la línea H por Libertador hacia Retiro, establecido por la ley 317 y apoyar un proyecto de unificación de las líneas H y C con un inédito trazado bajo la Villa 31.
Legisladores piden al GCBA que retire la demanda
El bloque de diputados Suma+ (ECO) presentó un proyecto en la Legislatura solicitando al Gobierno de la Ciudad retirar la demanda contra la asociación patrimonialista. La legisladora Natalia Fidel, autora de la iniciativa, expresó su “preocupación” y afirmó que el GCBA debe “reconsiderar la demanda y la retire, ya que, de otro modo, establecería un antecedente que constituye una intimidación para los vecinos que deseen ejercer legítimamente su derecho a la participación ciudadana”.
“No podemos dejar de remarcar que este tipo de críticas fundadas deben ser apreciadas por el Estado debido a que ayudan a reconsiderar opciones y a actuar del modo que mejor impacte en el bienestar de los ciudadanos”, expresó la diputada.
