Distintos sectores de la oposición porteña cuestionaron la continuidad de Metrovías a cargo de la operación del Subte, luego de que a fines del mes pasado se conociera la adjudicación de la concesión por 12 años más, prorrogables hasta 15.
El legislador Sergio Abrevaya (GEN) aseguró en declaraciones al portal Parlamentario que está “en total desacuerdo con la medida” y caracterizó a Metrovías como “ineficiente” y “una mancha en la historia del Subte”. Semanas atrás se había expresado en la misma línea en diálogo con enelSubte.
A su vez, Abrevaya cuestionó que el Gobierno de la Ciudad subsidie a la empresa mientras esta obtiene ganancias, situación a la que calificó de “disparate”: “Roggio viene ganando igual, está en la casa de los cuadernos y esto debería prender otra alarma de que no puede hacerse cargo [pero] lo principal por lo que no puede hacerse cargo es por su gestión”.
El legislador recordó su propuesta -presentada en conjunto con la diputada María Rosa Muiños (FDT)- para que Autopistas Urbanas (AUSA), empresa del Estado porteño, se hiciera cargo de la operación de la red y defendió la gestión estatal: “el subte siempre fue de SBASE y lo gestionó muy bien, Metrovías incumplió muchísimas obligaciones que tenía”.
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Desde el Frente de Todos, el legislador Manuel Socías cuestionó que el Gobierno de la Ciudad no optara por estatizar la operación de la red “después de que dos [de las tres] empresas oferentes se bajaran de la licitación”. Cabe recordar que, en el medio de un proceso que se dilató mucho más de lo esperado, RATP desistió de su oferta en diciembre de 2019 y Keolis-Eurnekian hizo lo propio en enero del año pasado.
Para Socías, el Gobierno “optó por lo más fácil: mantener al concesionario que viene prestando un servicio paupérrimo sin dar ninguna garantía de que esto último vaya a cambiar […] eligiendo a Metrovías, una empresa que dio sobradas muestras de su ineficacia para proveer un servicio de calidad”.
Los legisladores de la izquierda también se manifestaron en contra de la adjudicación. Según reseña Parlamentario, la diputada Alejandrina Barry (FIT) aseguró que “el Subte tiene que ser un derecho, por eso debe ser estatizado y controlado por los y las trabajadores/as”.
Barry cuestionó a Metrovías porque “los directivos del grupo Roggio reconocieron haber recibido coimas” y fustigó a la administración privada por la falta de “inversión y mantenimiento”, recordando los recientes descarrilamientos en la línea E y la crisis del asbesto.
En tanto, la diputada Marta Martínez (Autodeterminación y Libertad) consideró que “el servicio de transporte de subterráneo tiene que ser público y administrado y dirigido por sus propios trabajadores y comisiones de usuarios y dejar de ser un objeto de lucro”. “Consideramos que ninguna empresa que preste un servicio público esté en manos privadas y sea un objeto de lucro empresario”, aseguró.
