El sistema se basa sobre rasgos del rostro como la distancia entre los ojos, la proporción de las cejas, entre otras características que se mantienen estables o prácticamente inalterables en el tiempo, según informa hoy el diario Perfil.
También toma en consideración la forma de determinadas cicatrices y la existencia de tatuajes que, según quienes lo promocionan, permitirían remitir a la pertenencia de la persona a una banda criminal.
La base de datos del software incluiría las fotos de los pungas buscados por la Policía Metropolitana y por la Justicia. Así, cuando una de estas personas sea detectada mediante las cámaras, se enviarían refuerzos a la zona, aunque solo para prevenir, a menos que exista una orden de captura judicial.
La empresa francesa Morpho es la que desarrolló el módulo de detección facial, que añadió a la última versión de su programa de identificación automática de huellas dactilares.
El programa completo, llamado MorphoFace Investigate, fue comprado por licitación, adjudicada a la compañía Iafis Argentina SA por $33.198.500 data de diciembre de 2011, junto con el hardware, el mantenimiento y la capacitación para diez operadores, que trabajarían en un centro de monitoreo, aunque luego el seguimiento se automatizaría.
Inicialmente, se pensó utilizar el sistema en todas las cámaras de la Ciudad, aunque luego se definió que la luz exterior cambiante podía dificultar su funcionamiento, por lo que finalmente se decidió usarlo en el subte.
Según explican desde la empresa, el tiempo máximo de identificación es de 2 minutos para una base de datos con millones de registros, “pero en este caso podría ser casi inmediata y, si no lo fuera, la respuesta podría llegar antes de que la persona llegue a la próxima estación”, agregó Abelardo Comba, Project Manager de Morphos.
La base de datos debe tener el visto bueno de la Defensoría del Pueblo. Debido a que los punguistas del subte no tienen pedido de captura, esto podría representar un problema; sin embargo, aclaran desde la entidad, si se utiliza solo para prevenir y se siguen “todos los pasos legales”, no debería haber inconveniente.
La privacidad es otro punto clave, algo que el fabricante reconoce, ya que advierte en un documento que la aplicación de esta tecnología “es susceptible de controversias, porque frecuentemente se considera que infringe las libertades civiles”.
En este sentido, la ONG Vía Libre, abocada a alertar sobre los efectos de la tecnología en los derechos ciudadanos, cuestionó el sistema, ya que apuntó que un inocente puede estar incluido en la base de datos.
Por Infobae
