La derrotada candidata presidencial de Juntos por el Cambio y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió este martes con una insólita e inexacta afirmación sobre los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En diálogo con la señal La Nación +, la exministra de De la Rúa y Macri –y flamante alfil del candidato libertario Javier Milei– afirmó que “el sistema de colectivos era privado, lo estatizaron y lo destruyeron”.
Consideraciones aparte sobre la supuesta “destrucción” del transporte automotor en el AMBA –un diagnóstico que difícilmente comparta cualquiera de los actores del sistema, más allá de los debates en torno al financiamiento del mismo–, la afirmación es directamente falsa.
La totalidad de las líneas de colectivos del AMBA son operadas por empresas privadas y el Estado no tiene ninguna participación en ellas.
Patricia Bullrich: "El sistema de colectivos era privado, lo estatizaron y lo destruyeron” pic.twitter.com/aeavgayFLA
— LA NACION (@LANACION) October 30, 2023
Esto ha sido así desde hace unos 60 años: el proceso de privatización de las líneas operadas por la extinta empresa estatal Transportes de Buenos Aires (TBA) –descendiente de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires (CTCBA)– se inició en 1955 con la absorción por parte de privados de las líneas de microómnibus y continuó hasta mediados de la década del 60 con la privatización de los tranvías y los trolebuses, que fueron reconvertidos a líneas de transporte automotor.
El rol del Estado en el sistema de colectivos se limita –además del pago de subsidios y de la gestión del sistema SUBE– a la licitación de los recorridos, que son concesiones públicas.
El gobierno de Cambiemos, del que Bullrich participó como ministra de Seguridad, licitó y adjudicó en 2019 las nuevas líneas 119 y 164 (que reemplazaron a las antiguas 112 y 165) a dos empresas privadas: General Tomás Guido (Grupo DOTA) y Empresa Transportes del Sur. La actual gestión hizo lo propio con la línea 145 (ex 141), que adjudicó a la empresa Rosario Guaraní (del Grupo Zbikoski).
En el resto del país sí existen experiencias de transporte automotor estatal -generalmente, municipal-, que surgieron a raíz de la defección o las deficientes prestaciones de los privados: valga recordar las experiencias de la TAMSE cordobesa o la MOVI rosarina, por nombrar las más importantes. Por lo demás, en los países capitalistas desarrollados, el transporte automotor urbano estatal es más bien la norma: así ocurre en ciudades tales como París, Madrid, Berlín o Nueva York, por nombrar solo algunas de ellas.
Consultado por enelSubte, el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, criticó las expresiones de Bullrich: “En esta época de campaña electoral, hay sectores de la política que recurren a la generación de noticias falsas para intentar alterar la opinión pública. Por ejemplo, la afirmación de Patricia Bullrich, que es falsa”, aseguró.
Consultado por enelSubte, el Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, criticó las expresiones de Bullrich: “En esta época de campaña electoral, hay sectores de la política que recurren a la generación de noticias falsas para intentar alterar la opinión pública. Por ejemplo, la afirmación de Patricia Bullrich, que es falsa”, aseguró.
“Es importante aclararle a la sociedad que las empresas de transporte automotor de pasajeros fueron y son privadas. Las personas pueden fácilmente comprobarlo con sólo mirar la carrocería de un colectivo en la calle y el nombre de la empresa titular del servicio pintado en su carrocería. El Ministerio de Transporte de la Nación no cuenta con ninguna participación accionaria ni societaria en empresas de transporte automotor de pasajeros y se limita a aportar subsidios para que las personas puedan viajar a precios accesibles”, sentenció.
La afirmación de Bullrich resulta aún más sorprendente cuando se revisa su propia trayectoria: en marzo pasado, en una recorrida de campaña, la exministra visitó en persona las instalaciones de la Empresa Línea 216 –operadora de la línea 166, entre otras–. Salvo que, claro está, crea que se trata de una empresa del Estado. Pero si aún tuviese dudas, Bullrich podría interiorizarse en la historia de su reciente aliado Javier Milei, cuya familia fue accionista de la empresa Los Constituyentes, operadora de la línea 111 de colectivos, y que hoy –de la mano del Grupo DOTA– participa en la operación de casi media docena de líneas.
Mientras los responsables de la seguridad miran para otro lado, el reclamo de los choferes de colectivos es el mismo: la incontrolable inseguridad que viven a diario junto a los pasajeros. En Morón visité la Empresa Línea 216 y escuché de primera mano el drama que están viviendo.… pic.twitter.com/MsxmLYGkBO
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2023
