Desde que la Ciudad asumió el control sobre el Subte, en 2013, Metrovías opera la red en virtud de un acuerdo de operación y mantenimiento (AOM) con el gobierno porteño que fue sucesivamente renovado. El contrato vigente vence el 31 de diciembre y hasta el momento no fue prorrogado. A diferencia de lo que ocurrió otros años, no se presentó ningún proyecto de ley para extenderlo en la Legislatura porteña y el tema tampoco fue incluido para ser tratado en sesiones extraordinarias.
La situación es especialmente incierta y llamativa en el marco del proceso de licitación en curso, que busca concesionar nuevamente la operación del Subte a una empresa privada por 15 años. Se encuentran en carrera la propia Metrovías y un consorcio liderado por la estatal francesa Keolis, que, según se conoció esta semana, recibió el mejor puntaje en la evaluación de las ofertas técnicas. Resta por conocerse apenas la evaluación económica para adjudicar a la nueva concesionaria del Subte, donde no se descartan nuevas sorpresas y hasta presentaciones administrativas y judiciales.
La prórroga del contrato con Metrovías actualmente vigente, de hecho, fue otorgada precisamente en función de la licitación: como se esperaba adjudicarla durante este año, se estimaba que el período permitiría facilitar el traspaso con el eventual nuevo operador, con el Gobierno de la Ciudad apostando a alguna empresa estatal europea.
Pero los plazos comenzaron a dilatarse por los tiempos electorales –lo que ocasionó la protesta de las oferentes francesas–, y la adjudicación se demoró. Con sólo uno de los dos sobres evaluados y con el anuncio de que, en el mejor de los casos, recién se conocerá al vencedor de la licitación en el próximo mes, el vencimiento del acuerdo vigente con Metrovías se aproxima. De no mediar una nueva prórroga, el Subte recibirá el 1° de enero en tierra de nadie.
Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) es la empresa pública porteña que no sólo es dueña de la red, sino también su operadora natural. La operación estatal directa, pese a que no figuraba en la redacción original del proyecto presentado por el PRO, está prevista en la ley 4472 de traspaso del Subte. Esta alternativa, sin embargo, ni siquiera fue considerada al momento de anunciar una nueva concesión de la red. Mucho menos, desde luego, fueron tenidos en cuenta los proyectos de diversas fuerzas opositoras en ese sentido. Fuentes consultadas informalmente por este medio fueron tajantes en la negativa de que SBASE pueda hacerse cargo de la red el 1° de enero, siquiera hasta que se resuelva la licitación.
En el Gobierno de la Ciudad y SBASE asumen, en cambio, que Metrovías está “obligada” a seguir operando el Subte por tratarse de un servicio público. Es cierto que la jurisprudencia indica que las concesionarias de servicios no tienen permitido interrumpir su prestación, pero esto generalmente ocurre en el marco de un contrato vigente –apunta a impedir a las concesionarias usar el servicio como un elemento de negociación, o a garantizar la prestación en contextos de crisis–. En el caso del Subte no hay una situación imprevista, sino el vencimiento anunciado de un contrato sin que el GCBA haga nada para renovarlo.
Según pudo saber este medio, el Gobierno de la Ciudad y Metrovías negocian por estas horas alguna fórmula precaria que permita garantizar la continuidad de la empresa al frente del Subte después de fin de año. De lo contrario, Metrovías comenzaría el 2020 sin sustento legal para hacerse responsable del Subte y sin seguros que cubran los riesgos de la operación. La situación también complica la renovación de los convenios que Metrovías mantiene con empresas subcontratistas de mantenimiento en áreas tales como señalamiento, escaleras mecánicas o ascensores.
El problema se transformaría en abstracto si Metrovías resultara ganadora de la licitación. Pero si el adjudicatario fuera el consorcio Keolis-Helport, una posibilidad que existe, cabe preguntarse qué incentivo tendría Metrovías, la actual operadora, para asumir la prestación del servicio sin existir ni un contrato ni la perspectiva de continuar en el negocio. La empresa podría concluir que la responsabilidad sobre el Subte es de SBASE, reintegrarle los bienes afectados a la concesión (desde la infraestructura hasta el último tren) y obligar al GCBA a hacerse cargo de la continuidad del servicio. El gobierno de Rodríguez Larreta no parece contemplar esa posibilidad y en cambio apuesta a una “continuidad” provisoria de Metrovías, que no obstante –aclaran– sería diferente a una prórroga.
Así las cosas, los próximos días serán decisivos para definir el futuro del Subte. No sólo por la resolución del proceso de concesión, que debería ser inminente, sino para conocer la forma en que se realice la transición hasta tanto se haga cargo un nuevo operador. Sin proyecto en la Legislatura ni régimen de emergencia que justifique una contratación excepcional –la Constitución porteña exige mayoría calificada para la entrega de bienes públicos– se abre una perspectiva desconocida que podría llegar aún al cierre temporal de la red.
Por estas horas el GCBA explora la fórmula de una resolución de directorio de SBASE para extender el contrato con Metrovías, una alternativa tan improvisada como endeble en términos legales. El Gobierno de la Ciudad parece tenerle más temor a una operación estatal –incluso transitoria– que a la incertidumbre jurídica de consagrarse a la buena voluntad de Metrovías. La actual operadora también enfrenta una disyuntiva: si abandona el servicio podría perder cualquier posibilidad en la licitación, pero si se hace cargo, con los riesgos que implica, tampoco tendría garantías al respecto. Un juego de suma cero donde sólo pierde el Subte.
