El Ministerio de Transporte resolvió extender por un plazo de 18 meses las concesiones de Metrovías en la línea Urquiza y de Ferrovías en la línea Belgrano Norte. Las resoluciones oficializando la decisión (76 y 77/2020) fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial y llevan la firma del ministro de Transporte, Mario Meoni.
La decisión de extender los actuales contratos, anticipada por este medio días atrás, fue tomada sobre el vencimiento de la prórroga otorgada por el gobierno de Macri, que tenía fecha para el próximo martes 31.
Contrariamente a lo que había trascendido inicialmente, la norma establece la continuidad al proceso de licitación iniciado por la gestión anterior. No obstante, incorpora una modificación de importancia al ordenar la reelaboración de los pliegos, una demanda de los potenciales concesionarios, que veían como inviable la propuesta del gobierno de Macri al obligarlos a inversiones tales como la adquisición de nuevo material rodante. Es la necesidad de esa adecuación de las condiciones de la concesión la que justifica la extensión de las concesiones vigentes.
También plantea la resolución que la nueva licitación debe ajustarse a los parámetros de la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015. Este era uno de los puntos más problemáticos de los pliegos elaborados por el gobierno de Macri, que pretendían implementar una concesión integral como las heredadas de la década del 90, inviables bajo el marco normativo actualmente vigente.
La adecuación planteada parece apuntar a convertir a los potenciales futuros concesionarios privados en operadores por orden y cuenta de la SOFSE, una vinculación similar a la que tiene la empresa Casimiro Zbikoski, operadora del tren internacional Posadas – Encarnación. Pero una diferencia esencial es que Don Casimiro opera con material rodante propio, mientras que el Urquiza y el Belgrano Norte lo hacen con material cedido por el Estado, cuya vida útil está ampliamente sobrepasada.
La ley 27.132 no contempla de hecho la posibilidad de concesionar a privados la red ferroviaria, pese a que el proceso licitatorio que el gobierno decidió mantener en curso usa ese concepto. La única alternativa de participación privada que prevé la norma, además de la operación por cuenta y orden de SOFSE, es que los privados se anoten en un registro de operadores para prestar servicio con material propio. Tampoco parece ser el caso.
Lo que las resoluciones no exponen en ningún momento es la conveniencia de seguir manteniendo al Belgrano Norte y el Urquiza en manos de operadores privados, aún cuando el resto de la red metropolitana está en manos del Estado. La operación a largo plazo por parte de la SOFSE no es siquiera considerada y la propia empresa rechazó asumir la gestión de las líneas alegando que no tendría sentido que el Estado sea operador de transición si luego las líneas serán concesionadas de todas formas.
Incluso, a diferencia de lo que planteaban las resoluciones del gobierno de Macri de 2017, ni siquiera se contempla que la SOFSE pueda quedar a cargo de la operación de las líneas en el caso de que la licitación fracase o no se lleve a cabo en cierto plazo: las resoluciones firmadas por Meoni establecen que una vez transcurridos los 18 meses iniciales, y de no mediar adjudicación al nuevo concesionario, se otorgarán otros 18 meses de prórroga automática. En la práctica, esto implica postergar indefinidamente el vencimiento del actual contrato hasta tanto se puedan entregar las líneas a otro privado.
La medida aparece, por otro lado, apenas días luego de que el mismo Ministerio de Transporte haya dado de baja la también cuestionada licitación del puerto de Buenos Aires, que estaba mucho más avanzada. También resulta llamativa la reivindicación de la asociación público-privada (citado expresamente en la resolución), cuando otros ministerios del Gobierno lo califican abiertamente de “fiasco” y “fracaso” y han avanzado en la reestatización de los corredores viales que estaban gestionados bajo esa modalidad.
La decisión de dar continuidad al proceso de licitación iniciado por el gobierno de Macri el año pasado es difícil de comprender y más aún de justificar. Parece explicarse, antes que nada, por una mezcla de inercia e improvisación antes que por una apuesta consciente por los operadores privados. Las actuaciones internas a las que refiere la resolución del ministro Meoni, que llevan fecha de mediados de este mes, permiten aventurar que las decisiones fueron tomadas en forma precipitada y contrarreloj, a pesar de que el vencimiento del 31 de marzo estaba firme desde hace meses.
