El pasado miércoles, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (Partido Popular), fue detenido por las autoridades españolas en el marco de la Operación Lezo, una megacausa judicial que investiga su presunto vínculo a una trama de corrupción y financiamiento ilegal de la política.
A González “se le considera el presunto cabecilla de una trama que durante años desvió fondos públicos para su enriquecimiento personal”, según consignó el diario El País. La Justicia lo imputó por “organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificacion documental”.
González, en su carácter de presidente del gobierno regional madrileño entre 2012 y 2015, tuvo un papel destacado en la polémica operación de venta de los trenes CAF Serie 6000 del Metro de Madrid al gobierno porteño, concretada en 2013.
De hecho, el 27 de enero de 2014 González presidió personalmente una ceremonia en los talleres de Canillejas en la que se embarcó el primer tren rumbo a Buenos Aires. Allí, el ahora detenido funcionario alabó la operación y expresó su satisfacción por la contratación por parte de SBASE de una asesoría técnica madrileña por casi 5 millones de euros. “Esta nueva venta es un magnífico ejemplo del interés internacional que despierta Metro de Madrid”, había dicho el funcionario.
Además, González fue durante años vice de la anterior presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a su vez militante del PP, durante cuyo mandato se concretó la venta de la también polémica flota CAF 5000. En esa ocasión, El País consideró que Metro de Madrid “se frotaba las manos” con la venta de trenes “carne de chatarrería” con más de “32 años de traqueteo”. Algunas de las unidades que no fueron vendidas a Buenos Aires fueron, de hecho, utilizadas para pruebas con explosivos.
La compra de la flota CAF 6000 –un tercio de la cual, a cuatro años de la compra, todavía sigue sin funcionar– había sido duramente objetada por un exhaustivo informe de la Auditoría Porteña al que tuvo acceso en exclusiva este medio. Ese organismo de control había calificado de “insuficientes” tanto la “estimación de los costos” como “la fundamentación de la conveniencia de la compra”, a la vez que alertó sobre la falta de verificación de “la razonabilidad de los precios finales”.
La operación, por demás opaca, estuvo rodeada de sospechas y fue motivo de denuncias penales por fraude al Estado contra las autoridades que entonces encabezaban SBASE, que acabaron siendo desplazadas.
