La semana pasada el Gobierno de la Ciudad presentó un proyecto a la Legislatura para concesionar nuevamente el Subte a una operadora privada por un plazo de hasta 15 años, una vez que termine el contrato con Metrovías, que vence a fines de este año. La intención declarada es realizar una licitación internacional que permita plantear competencia a la actual operadora, que maneja el Subte desde 1994, cuya presentación a la compulsa se da por descontada.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, a cargo de defender la iniciativa, salió a instalar en los medios que tiene a dos compañías francesas en la mira: Keolis y la RATP. Curiosamente, ambas candidatas son empresas estatales.
Keolis es una subsidiaria de la SNCF, la empresa ferroviaria nacional francesa –cuya reciente reunificación inspiró el esquema adoptado por la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos–, que es propietaria del 70% de sus acciones. De hecho, la ADIF argentina firmó recientemente un convenio de cooperación con esta compañía.
La empresa se enfoca en la operación de servicios de transporte urbano (buses, tranvías, trenes suburbanos) en varias ciudades de Francia, el Reino Unido, Australia, Canadá y Estados Unidos, a la vez que en la administración de servicios regionales de pasajeros en Holanda y Alemania. Uno de los sistemas más importantes que Keolis controla es el ferrocarril metropolitano de Boston. En su primer año de operación de ese servicio, la empresa perdió casi 30 millones de dólares.
En tanto, la RATP (Empresa Autónoma de los Transportes Parisinos) es una empresa 100% estatal, controlada íntegramente por el gobierno francés, y uno de los mayores jugadores a nivel mundial en el mercado del transporte. SBASE tiene también convenios de cooperación vigentes con esta compañía.
Si bien fue fundada como operadora del Metro de París, la RATP es un auténtico pulpo: controla el transporte urbano (metro, tranvías, buses y trenes) de numerosas ciudades en Europa, África y Asia. Junto a la ya citada SNCF, la RATP controla la consultora Systra, encargada de la elaboración del anteproyecto de la línea F.
Pese a que el gobierno apuesta a un tratamiento exprés, el panorama podría no ser todo lo favorable que las autoridades desean. Para aprobarse, el proyecto necesita mayorías especiales: 40 votos y doble lectura. El oficialismo cuenta con apenas 28 legisladores, por lo que se vería obligado a conseguir 12 votos opositores.
