El diputado Carlos Tomada (Unidad Ciudadana) presentó en la Legislatura Porteña un proyecto de ley para que el Estado se haga cargo del manejo del Subte.
De esta manera, el bloque mayoritario de la oposición planteó su rechazo a la prórroga por un año a Metrovías que impulsa el Gobierno porteño hasta tanto se resuelva la nueva licitación, que ya había sido cuestionada por otros sectores de la oposición.
De acuerdo con el proyecto de Tomada, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) se haría cargo de la operación y mantenimiento de la red, revirtiendo “el actual modelo de gestión privada, reemplazándolo por uno de tipo estatal”. Entre los fundamentos citados por el legislador está la “deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros por parte de la gestion privada”.
Otro de los cambios impulsados por Tomada (en rigor, una modificación a la ley 4472) es una modificación en la composición del directorio de SBASE, que pasaría a tener nueve miembros: cinco designados por el ejecutivo, dos en representación de los trabajadores, uno en representación de los usuarios y uno nombrado por la Legislatura en representación de la oposición. El presidente de la empresa pasaría a desempeñarse por un período fijo de tres años.
Cabe recordar que desde que el ejecutivo porteño blanqueó en 2017 sus intenciones de volver a concesionar la operación del Subte a un privado, han sido presentados numerosos proyectos para que el Estado se haga cargo de la red desde diversos espacios políticos.
El más reciente ha sido uno para que la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA) opere el Subte desde enero próximo. Esta contrapropuesta tomó estado de dictamen de minoría con las firmas de los diputados Abrevaya (GEN), Muiños, Gottero y Heredia (Bloque Peronista).
Al respecto, Abrevaya disparó contra Metrovías, señalando que “no tiene sentido continuar subsidiando las ganancias de una empresa que gestiona mal hace más de 20 años”. Muiños, por su parte, puntualizó que “AUSA es una empresa propiedad del Estado que ha demostrado tener capacidad suficiente para gestionar. Esto pone en crisis la idea generalizada de que aquello administrado por el sector público siempre funciona mal y que entonces debe quedar en manos del sector privado”.
