La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó ante la Justicia una denuncia ante la aparición de un video de una reunión del año 2017 donde funcionarios del anterior gobierno y empresarios discutían una presunta estrategia de armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales.
En el video, que fue dado a conocer a la prensa y fue ampliamente difundido este lunes, se observa al entonces ministro de Trabajo bonaerense explicando la estrategia y afirmando que “si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, expresión que despertó el repudio de la DAIA.
En el video de la reunión puede observarse, entre otros, a Juan Sebastián De Stefano, quien entonces se desempeñaba como director de Asuntos Jurídicos de la AFI y que actualmente es miembro del Directorio de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), que preside Manuela López Menéndez.
Quién es quién en la SBASE de López Menéndez
La presencia de De Stefano en esa reunión fue destacada por el legislador Juan Manuel Valdés (FDT), quien apuntó que el funcionario está en SBASE en calidad de “refugiado”, en tanto que la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) alegó que el gobierno porteño “lo esconde como director en Subterráneos”.
No es la primera vez que SBASE, que cada vez realiza menos obras y cumple menos funciones, opera como una suerte de refugio para la designación de funcionarios manchados por su desempeño en cargos anteriores.
Cabe recordar el caso de Juan Pablo Piccardo, presidente de la empresa entre 2009 y 2016 -quien ya venía con prontuario de su paso por el sector privado en la cervecera Isenbeck-, y recaló en SBASE tras su cuestionada gestión al frente del Ministerio de Espacio Público, de donde salió eyectado por los casos Zahira Morales y UCEP, aunque finalmente absuelto en ambas ocasiones.
Durante su gestión tuvieron lugar otras polémicas designaciones, como la de Jorge Polini, último director de la UCEP e imputado por lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que fue contratado como asesor externo. En 2012 había sido nombrado como parte del directorio Federico Young, conocido por ser apologista de la última dictadura militar. Y antes que eso, en 2009 había sido designado el ex fiscal de la causa AMIA Eamon Mullen, apartado por irregularidades en la investigación por el atentado de a la mutual judía.
Más recientemente, en 2016, se había nombrado como coordinador de costos y tarifas al contador Alberto Mario Pomato, ex director financiero de Torneos y Competencias, despedido de la empresa en el marco de la investigación por el escándalo internacional de corrupción conocido como FIFA Gate.
No fueron los únicos funcionarios cuestionados con paso por SBASE: en 2014, la empresa debió apartar al entonces gerente de Legales, Juan Francisco Freire Aurich, buscándole una salida decorosa mediante su envío a España para cursar un posgrado. Freire Aurich había tenido tensos episodios con el sindicato de trabajadores de SBASE, presentado una demanda contra una ONG patrimonialista y se había visto envuelto en una oscura trama alrededor de las expropiaciones de la línea H.
