El Metro de Santiago aún no se recupera completamente de la destrucción provocada por los actos vandálicos que se generaron en el marco de las multitudinarias protestas que tuvieron lugar en Chile las pasadas semanas.
A una semana y media del inicio del conflicto social, la red de la capital trasandina sólo funciona parcialmente y numerosas estaciones permanecen cerradas. Aunque con servicios y horarios reducidos, todas las líneas excepto una (la 4A), funcionan.
De las 136 estaciones con que cuenta la red, 118 tuvieron algún tipo de daño. La mayoría de ellas ya han vuelto a funcionar, otras requieren de reparaciones profundas pero estarán operativas en el futuro cercano.
25 estaciones fueron incendiadas, 18 de las cuales tienen daños parciales y otras siete están seriamente comprometidas. Entre ellas se encuentran San Pablo (línea 1), estación del tramo inaugural del Metro, donde fue incendiado un tren, La Granja (línea 4A) y otras cinco estaciones de la línea 4, todas ellas emplazadas en viaducto: Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Elisa Correa y Protectora de la Infancia.
Es precisamente la línea 4 la más afectada de todas: el servicio fue restablecido recién este lunes en el tramo que va de Tobalaba a Quilín, que permaneció al margen de los daños al discurrir de forma subterránea y en trinchera por el centro de una autopista. Esta línea no sólo sufrió la pérdida de varios trenes Alstom AS02, que fueron incendiados, sino también severos daños en el cableado de media y alta tensión y en el sistema de señalamiento por causa del fuego.
El extenso tramo de la línea 5 que va desde Quinta Normal a Plaza de Maipú, con tramos elevados y soterrados, también permanece fuera de servicio. El total de formaciones siniestrado asciende a diez.
Millonarios daños
Los daños materiales en la red están estimados en unos 376 millones de dólares, según aseguró el presidente del Metro de Santiago, Louis de Grange.
La millonaria inversión para reponer los trenes perdidos y reparar las instalaciones deberá ser afrontada con recursos propios, ya que la empresa decidió no asegurar los trenes ni las estaciones “por el alto costo de las primas y la baja tasa de siniestralidad en toda la historia de Metro”, según reveló una investigación de Ciper Chile.
Para que la red vuelva a estar plenamente operativa podría pasar hasta un año. Y no se descarta que al desviar fondos a las reparaciones se frenen o al menos se ralentice el ritmo de los trabajos de extensión de la red que están actualmente en marcha.
La investigación
Se están realizando investigaciones judiciales para dar con los responsables de los hechos vandálicos. La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) está a cargo de la recopilación de evidencias.
De acuerdo con el fiscal regional metropolitano sur Héctor Barros, en cuya jurisdicción recaen la mayor parte de las estaciones incendiadas, “algunos lugares en los que se inició el fuego eran lugares bastante estratégicos para las estaciones de Metro, como donde están instalados los sistemas de electricidad”, por lo que no se descarta que se trate de “una acción concertada”.
Lo que permite a los investigadores hablar de esto es el hallazgo de “un patrón” en el modo de acción de los grupos incendiarios y el hecho de que cuatro estaciones incendiadas el viernes 18 de octubre lo fueron en forma casi simultánea, con apenas diez minutos de diferencia entre sí, según puntualizó el fiscal Omar Mérida, de la fiscalía oriente.
Lo que también ha llamado la atención de los fiscales es el hecho de que algunas de las estaciones siniestradas estaban siendo custodiadas por Carabineros y el Ejército tras la declaración del Estado de Emergencia.
Las autoridades policiales están analizando más de 10 mil horas de video para lograr dar con los responsables de los hechos, aunque hasta el momento no se ha logrado identificar a los autores materiales de los hechos más graves como los incendios. Hasta el momento hay un sólo detenido, un hombre de 35 años de edad, que está acusado de destruir los molinetes de la estación San Joaquín de la línea 5, y que será procesado bajo la Ley de Seguridad del Estado.
