Tras el escándalo del asbesto hallado en los trenes españoles CAF 5000 de la línea B, SBASE anunció que accionaría legalmente contra el Metro de Madrid. Enviaron una carta documento reclamando daños por el retiro de las formaciones, la "falta de respuesta con prontitud y transparencia" y "la forma en que SBASE tuvo conocimiento de la presencia del material". La empresa española aún no respondió.

El Metro de Madrid no dio aún una respuesta a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) por los coches CAF 5000 contaminados con asbesto que fueron adquiridos de segunda mano a la red de la capital española para la línea B.

Tras el escándalo por el hallazgo de al menos cuatro piezas que contenían ese material cancerígeno, SBASE decidió retirar de servicio preventivamente los trenes y, finalmente, acabó dándolos de baja poco tiempo atrás.

En el medio, la empresa estatal afirmó estar alistando un reclamo legal contra Metro de Madrid por la venta de los coches. Ocurre que la comercialización de productos con asbesto se encuentra prohibida en España desde 2001 y en toda la Unión Europea desde 2006. La venta de los trenes, cabe recordar, se selló recién en 2011. En la Argentina, a su vez, la importación de productos que contengan asbesto se encuentra prohibida por resoluciones que datan de los años 2000 y 2001.

El Metro de Madrid habría violado la ley al vender los trenes a sabiendas de que contenían amianto, ya que en un documento que data de 2003 la empresa reconocía que la flota de la serie 5000 estaba afectada por el material.

Desde SBASE explicaron que “a través de un estudio jurídico español se envió una Carta Documento a Metro de Madrid S.A.”, la cual “aún no respondió”.

En esa carta documento, Subterráneos reclamó por “el conflicto generado por la venta de material rodante con amianto y la forma en la que SBASE tuvo conocimiento de la presencia del material”, ya que la empresa estatal se enteró de la situación por la prensa, y por “la posterior falta de respuesta con prontitud y transparencia al requerimiento de información una vez enterados por los medios, 72 días después de la solicitud, con respuesta insuficiente y confusa”. A su vez, SBASE también reclama por los “daños derivados de sacar las formaciones de servicio”, algo que agravó la crisis de material rodante de la línea B.

2011: Macri supervisa en Madrid el envío de los primeros CAF 5000 para el Subte. Foto: GCBA

Meses atrás, Madrid se había defendido de las acusaciones alegando que “los trenes fueron inspeccionados por técnicos argentinos durante meses” y que “a Buenos Aires se le entregaron todas las especificaciones técnicas”. El Consejero Delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, llegó a recordar que “incluso desde tres años antes de la venta estuvo circulando una unidad en el metro de la capital argentina para que pudieran certificar que estaba en buen estado“, en referencia a la dupla 5019-5020, traída en 2008 en calidad de importación temporaria, que nunca fue puesta en servicio comercial y que actualmente se encuentra almacenada en el Taller Lynch de la línea Urquiza.

La entrega de los primeros coches, incluso, fue supervisada en Madrid en septiembre de 2011 por el entonces Jefe de Gobierno porteño y actual presidente Mauricio Macri y el entonces presidente de SBASE, Juan Pablo Piccardo, actual funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La detección de asbesto en los CAF 5000 derivó en la realización de estudios que comprobaron la presencia del mineral cancerígeno en otras tres flotas de la red (los trenes Mitsubishi de la línea B, Nagoya 250/300/1200 de la línea C y CAF-GEE de la línea E), además de varias instalaciones fijas.

La crisis y sus ramificaciones tienen consecuencias aún imprevisibles y los interesados en quedarse con la concesión del Subte hasta 2034 piden garantías de que no tendrán que hacerse cargo de posibles futuros juicios laborales derivados de esta cuestión e hicieron saber a SBASE su preocupación. Los sindicalistas, en tanto, acusan a la empresa estatal de obstaculizar las inspecciones ordenadas por las autoridades laborales y denuncian la posible “destrucción” de las pruebas de la presencia de asbesto en las unidades CAF 5000, lo que fue desmentido por SBASE.

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