El presidente de ADIF, Ricardo Lissalde, se reunió el pasado viernes con representantes de la embajada de Rusia para abordar el futuro del proyecto del tren de cargas a Vaca Muerta.
Tal como había anticipado la semana pasada enelSubte, Rusia tiene interés en participar de ese proyecto, que es clave para bajar los costos logísticos asociados a la explotación petrolera y gasífera en el yacimiento neuquino. El presidente Alberto Fernández había comprometido su apoyo a la iniciativa durante la campaña.
“La reunión con los representantes rusos marca la relevancia que tiene no solo para nosotros sino para el mundo entero este proyecto”, explicó Lissalde en un comunicado.
La mejora del ramal de cargas también podría dar impulso a otras actividades, como la frutícola del Alto Valle del Río Negro. Rusia, casualmente, es el segundo mercado de destino más importante para las peras y manzanas que se producen en la región.
A su vez, podría enlazarse con el inconcluso proyecto del Trasandino del Sur. Tal como explicó este medio, se trata de la continuación de las vías del Ferrocarril Roca desde Zapala hacia Chile, hasta el puerto de Talcahuano, sobre el Océano Pacífico. El propio comunicado oficial, de hecho, puntualiza que el presidente Alberto Fernández “avaló” esta alternativa, que generaría una suerte de corredor ferroviario bioceánico transpatagónico.
Cabe recordar que el proyecto del tren a Vaca Muerta contempla la intervención sobre unos 700 kilómetros de vías: mejoramiento o renovación de vías -según corresponda- entre Ingeniero White/Bahía Blanca y Contraalmirante Cordero y la construcción de 83 kilómetros de vía completamente nueva entre esta última y Añelo, en cercanías de donde se encuentra Vaca Muerta. La inversión se calcula en unos 780 millones de dólares.
El gobierno anterior había dejado el proyecto en stand-by luego de que fracasara la licitación de los cupos de carga (que buscaba sondear la viabilidad del proyecto) y el empeoramiento de las condiciones económicas, que tornó inviable el esquema de financiamiento público-privado (PPP) propuesto por las autoridades de entonces.
Si bien el ramal actualmente está concesionado a Ferrosur Roca, el contrato vence en 2023, tras lo cual comenzará a regir el acceso abierto a la red que anticipó el propio Lissalde semanas atrás. De esta forma, que podrían prestar servicios tanto la estatal Trenes Argentinos Cargas como cualquier otro operador privado debidamente registrado, a cambio del pago de un canon.
