La Auditoría General de la Nación (AGN) emitió un informe de evaluación de la gestión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) en el que se cuestiona duramente la venta de terrenos ferroviarios durante el período 2016-2019, correspondiente a la presidencia de Mauricio Macri.
Vale recordar que el organismo, que es colegiado y preside la oposición, realiza el control externo del sector público nacional. El informe fue aprobado con los votos de todos los auditores, incluyendo aquellos que responden a Juntos por el Cambio (JxC).
De acuerdo con el reporte, al que tuvo acceso enelSubte, las ventas de terrenos de origen ferroviario para la construcción del Paseo del Bajo (Empalme Norte) y de los viaductos de las líneas Mitre y San Martín (Playa Colegiales) resultaron perjudiciales para el Estado nacional.
Según consta en el pormenorizado documento, de casi 200 páginas de extensión, en el caso de los terrenos de la playa de Colegiales, “se verificaron errores de cálculo del monto de las transferencias del producido de las ventas de los inmuebles […] los cuales impactaron negativamente en los importes a transferir al Ministerio de Transporte y a la Tesorería General de la Nación, con la consiguiente disminución de ingresos para el Estado Nacional” por varios cientos de millones de pesos.
Al mismo tiempo, en el caso de los inmuebles de Empalme Norte, “se comprobó que la ausencia de precio base debidamente justificado y la baja participación de oferentes para formar el precio generó que los inmuebles afectados […] fueran adjudicados por montos inferiores al del valor venal“.
Las objeciones de la AGN no terminan allí, ya que el organismo de control detectó inconsistencias e incumplimientos legales varios por parte de la AABE durante el citado período.
Por caso, la AGN indicó que en “la concesión del Bajo Viaducto Mitre se detectaron inconsistencias en el análisis y la evaluación [de ofertas] realizada”, lo que “da cuenta de la debilidad de los controles implementados por la AABE”. A su vez, objetó que la AABE “delegara atribuciones propias en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, “incumpliendo la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos”.
En la misma línea, también se detectaron transferencias de inmuebles por parte de la AABE a la Ciudad de Buenos Aires -bajo el concepto de dación en pago- que “contravinieron el marco legal vigente” y sobre los cuales la AABE tampoco “ejerció el control pertinente respecto de la contraprestación asumida por el Gobierno de la Ciudad”: los convenios celebrados “no prevén facultades de control y seguimiento a favor de la AABE de los fondos transferidos, ni la consecuente obligación de rendir cuentas al respecto por parte del GCABA”, reza el informe.
El informe concluye señalando que las ventas de terrenos o su transferencia al Gobierno de la Ciudad no respetaron los criterios de fomento al “desarrollo urbano conforme al principio de equidad” ni fueron realizadas “conforme a las políticas de ordenamiento territorial plasmadas en el Plan Estratégico Territorial”. En este sentido, se señala que la AABE renunció a ejercer “su rol de órgano rector centralizador de toda la actividad de administración y disposición de bienes inmuebles del Estado Nacional”.
Cabe recordar que no es la primera vez que informes de auditoría objetan la política ferroviaria del macrismo: años atrás, la SIGEN había cuestionado el nulo funcionamiento de Ferrocarriles Argentinos durante esa gestión, mientras que la CNRT había criticado la delegación de las obras de los viaductos de las líneas Mitre y San Martín en la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (AUSA), una decisión cuyas razones nunca fueron claramente explicitadas.
