El Gobierno continúa con la oleada de venta de terrenos ferroviarios y ahora avanza incluso sobre estaciones.
A las múltiples desafectaciones de inmuebles realizadas en las últimas semanas, que habilitaron la venta de predios en Haedo, Tigre, Colegiales y Palermo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y en Benito Juárez, Elordi, Balsa y Villamanca, en el Interior de la provincia de Buenos Aires, se sumaron recientemente tres estaciones adicionales en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.
Se trata de los cuadros de las estaciones Mouras y Lonquimay (ambas de la línea Sarmiento) y de Barrow (de la línea Roca), que fueron desafectadas del uso ferroviario con el fin de proceder con su posterior remate, mediante sendas resoluciones publicadas esta semana en el Boletín Oficial.
En el caso de la primera, la desafectación abarca un total de 84 mil metros cuadrados de terreno en el entorno de la estación, ubicada en la localidad de Salazar, Partido de Daireaux. Hasta ahora, el predio se encontraba bajo concesión de Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), cuyo contrato fue recientemente renovado por un año.
El segundo terreno desafectado corresponden a 50 mil metros cuadrados del cuadro de estación Barrow, ubicada en el partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. El predio formaba parte de la concesión de Ferrosur Roca, también recientemente extendida.
Por último, se desafectaron 115 mil metros cuadrados del cuadro de la estación Lonquimay, ubicada en el departamento Catriló, provincia de La Pampa. La estación era, hasta hace una década, una de las paradas intermedias del servicio de pasajeros Catriló – Santa Rosa, uno de los 12 ramales cerrados durante el macrismo. Al igual que en el primer caso, el predio estaba bajo concesión de FEPSA.
La política de desafectación y posterior venta de terrenos ferroviarios había sido duramente objetada en las últimas semanas por el sindicato de maquinistas La Fraternidad, que en un duro comunicado denunció que “el organismo que debería administrar los ferrocarriles se convierte en una gran inmobiliaria, mientras que el país se queda sin trenes”. En este sentido, vale notar que -tal como explicó este medio- ya suman 12 los servicios de pasajeros suprimidos en los últimos dos años.
Las ventas proyectadas por el Gobierno implican una profundización de las realizadas entre 2015 y 2019. En ese período, se vendieron importantes predios en Capital Federal, como playa Colegiales, playa Palermo y la playa de Empalme Norte, en todos los casos con destino a emprendimientos inmobiliarios “premium”.
Las ventas fueron duramente objetadas por informes de la Auditoría General de la Nación (AGN): el órgano de control detectó errores de cálculo en los montos y ventas por debajo del valor de mercado, entre otras irregularidades.
Al menos entonces, las subastas podían ser justificadas en la necesidad de generar recursos para sustentar la ejecución de diversos proyectos de transporte que se estaban construyendo, como los viaductos del Mitre y el San Martín o el Paseo del Bajo. Otras desafectaciones de terrenos ferroviarios, como los de Sáenz, Estación Buenos Aires o Mendoza, podían defenderse con la ejecución de proyectos de vivienda como los barrios PROCREAR.
En contraste, actualmente no ocurre ninguna de las dos cosas: la venta de estos terrenos apunta a un mero afán recaudatorio, mientras que no existe ninguna obligación de reinvertir esos fondos en las inversiones en infraestructura que el sistema ferroviario urgentemente necesita.
Las ventas de terrenos se dan al mismo tiempo que el Gobierno acelera la privatización de todo el sistema ferroviario, proceso que ya comenzó con la estatal Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL) y que avanza también en Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA). El proceso no implica ninguna obligación por parte del sector privado de invertir en la recuperación de la infraestructura.
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