En la mañana de este lunes más de 100 empleados de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) no pudieron ingresar a trabajar y fueron notificados de sus despidos por personal de seguridad en la puerta del edificio de Avenida Libertador y Ramos Mejía. A los trabajadores cesanteados no les fue permitido ni siquiera el retiro de efectos personales que estaban en las instalaciones.
La selección de las desvinculaciones no posee ningún criterio: no existió ninguna auditoría previa y prima la absoluta arbitrariedad. En cualquier caso, de haber existido motivos para la selección del personal a desvincular, no se hicieron públicos. El único elemento vinculante que puede identificarse es que la mayoría de los trabajadores cesanteados no poseían afiliación gremial.
enelSubte pudo saber que entre los despidos no hubo sólo personal administrativo sino incluso profesionales especializados en tecnología ferroviaria que, hasta el año pasado, habían estado afectados al diseño y supervisión de distintas obras de renovación de vías.
Además de los despidos en ADIF, también se vivieron escenas de tensión esta mañana en el Museo Nacional Ferroviario, donde funciona la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). En este caso se trató de la efectivización de 15 despidos que habían trascendido la semana anterior.
Al conocer la noticia, la Unión Ferroviaria y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos se declararon en “estado de alerta y sesión permanente”, en un comunicado conjunto firmado por sus titulares, Sergio Sasia (UF) y Adrián Silva (APDFA).
⚠️ATENCIÓN!!
📝COMUNICADO DE PRENSA📌ESTADO DE ALERTA Y SESIÓN PERMANENTE pic.twitter.com/vPlYz7qjHf
— Unión Ferroviaria (@uf_oficial) April 8, 2024
El despido de personal sin más criterio que la reducción de gastos se condice con la mirada exclusivamente fiscalista que aplica el gobierno de Javier Milei sobre el sistema ferroviario. Luego de la disolución del efímero Ministerio de Infraestructura, encabezado por Guillermo Ferraro hasta su renuncia, el sistema ferroviario depende del Ministerio de Economía, que virtualmente controla a todas las empresas del sector con criterio de ajuste.
La ADIF es una empresa creada por ley en 2008 para administrar la totalidad del la infraestructura ferroviaria, incluyendo la construcción y mantenimiento de vías, estaciones y demás obras necesarias. Además, según lo dispuesto por la ley de Ferrocarriles Argentinos de 2015 –sancionada por unanimidad–, debe ser responsable de gobernar la circulación de trenes en todo el país, elemento indispensable para poner en práctica el principio de acceso abierto a la red ferroviaria. Es más: en el borrador de la nueva Ley Ómnibus la ADIF ya no sería privatizada, por lo que menos se explica la desarticulación de sus capacidades. Los despidos suponen cerca de un 20% de la plantilla.
La paralización de la ADIF pone en riesgo la continuidad de proyectos de infraestructura necesarios para el ferrocarril, muchos de los cuales incluso cuentan con financiamiento internacional comprometido. A contramano de países como Uruguay, que invierte en la construcción de vías, o de Chile, que expande sus servicios, el gobierno de Milei sólo se enfoca en aplicar un plan de ajuste que ya afectó la calidad del servicio metropolitano y que, de continuar, dificultará aún más la operación y sostenibilidad de los trenes de pasajeros y de carga en la Argentina.
