El Ministerio de Transporte de la Nación aprobó un “protocolo de acción frente a posibles asentamientos e intrusiones en predios ferroviarios”.
La normativa fue establecida mediante la resolución 132/2022 del ministerio, que lleva la firma del ministro Alexis Guerrera, y que fue publicada días atrás en el Boletín Oficial.
El protocolo tiene como objetivo garantizar el “resguardo y la integridad de los bienes muebles e inmuebles” afectados a la explotación ferroviaria y promover “medidas destinadas a restituir la funcionalidad de los bienes involucrados“, a la vez que permitir “dar continuidad a la operación del servicio ferroviario en condiciones adecuadas”.
La norma (ver detalle más abajo) establece “acciones mínimas, no excluyentes”, que deberán ser llevadas a cabo por “las empresas operadoras de los servicios ferroviarios de pasajeros y de cargas y la ADIF“, esta última responsable de la infraestructura de la red ferroviaria nacional.
El protocolo incluye acciones preventivas, de relevamiento y de atención a la problemática social, a la vez que establece las pautas a seguir para las acciones judiciales que correspondieran.
La normativa busca atacar uno de los problemas más graves que afectan al ferrocarril: la ocupación de sus terrenos. El fenómeno, que es de larga data, se ha agudizado en los últimos años, llegando a comprometer la operatividad de numerosos servicios de pasajeros y de cargas.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la intrusión de terrenos ferroviarios ha llevado a la cancelación de los servicios del ramal Puente Alsina – Aldo Bonzi de la línea Belgrano Sur, suspendido desde agosto de 2017 hasta la actualidad, y de los servicios cargueros a la estación Sola, en agosto del año pasado.
Situaciones similares, luego revertidas, se dieron en el ramal Temperley – Haedo de la línea Roca –interrumpido durante un año y medio, entre 2019 y 2021– y en los talleres ferroviarios de Victoria (línea Mitre).
De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hasta un 5% de los barrios precarios de todo el país están asentados sobre vías del ferrocarril o a menos de 10 metros de ellas.
