Se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para intentar frenar la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL).
La iniciativa, impulsada por legisladores del bloque Unión por la Patria (UxP), es un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo que se “abstenga de continuar con los procesos licitatorios […] de las empresas y sociedades propiedad del Estado nacional” cuya privatización fue autorizada por la denominada “Ley Bases”.
El argumento central del proyecto es que el Gobierno no cumplió con “los requisitos legales y reglamentarios correspondientes”, “ante la paralización de la Comisión Bicameral Permanente de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones”.
Vale recordar que la citada Comisión quedó constituida en octubre y se reunió por última vez el mes pasado. Había quedado presidida por el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal/Salta), cuyo mandato culminó el 10 de diciembre.
En su última reunión, el órgano analizó varios informes circunstanciados relativos a la privatización de diversas empresas públicas, pero consideró “que la información presentada [por el ejecutivo] resulta insuficiente, por lo que se resolvió solicitar […] una ampliación de las respuestas”.
“Nuestro rol es garantizar transparencia y control. Los informes recibidos no alcanzan el nivel de detalle que la ley exige y que el Congreso necesita para evaluar adecuadamente estos procesos. Por eso avanzamos en este pedido de ampliación, que es esencial para cumplir con nuestra responsabilidad institucional”, había dicho entonces el saliente senador Romero.
En un comunicado, la vicepresidenta de la Comisión, la diputada Ana María Ianni (UxP/Santa Cruz), acusó al Gobierno de “falta de transparencia” en los procesos licitatorios y de “un evidente ninguneo” a la Bicameral ante la demora en el envío de los informes solicitados.
“La información contenida [en los informes recibidos por la Bicameral] no refleja la situación actual de las empresas sujetas a privatización, no explicita las causas que motivan su explotación por parte de privados y no especifica por qué en un caso se opta por concesión y en otros por venta de paquetes accionarios, entre otras cuestiones”, afirmó la legisladora en un comunicado.
Cabe recordar que la “Ley Bases” aprobada durante el año pasado habilitó al Gobierno a avanzar con la privatización de seis empresas estatales, entre las que se encuentran las operadoras ferroviarias de cargas y pasajeros.
La privatización de Trenes Argentinos Cargas es la más avanzada: si bien al momento todavía no se han publicado los pliegos de licitación, el proceso ya fue formalmente iniciado y está relativamente encaminado. De cumplirse los plazos previstos, la transferencia del negocio al sector privado se concretará antes de mediados de 2026.
De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, el esquema contempla una concesión en tres lotes por separado: vías e inmuebles aledaños, talleres y material rodante. En el caso de este último, se procederá a su venta mediante remate público.
Dado que no se exigirá a los concesionarios la realización de inversiones en infraestructura –ni tampoco la reactivación de tramos que se encuentren fuera de servicio, algo especialmente sensible a las economías regionales-, las obras quedarán a cargo del Estado y se pagarán con lo recaudado por la venta de vagones y locomotoras.
Al momento, sin embargo, no hay un plan de obras definido y las escasas licitaciones en el marco de la “emergencia ferroviaria” para el sistema carguero están siendo dadas de baja.
En cuanto a la privatización de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), el proceso se encuentra notablemente más rezagado. Desde la empresa aseguran que el informe circunstanciado todavía se encuentra en proceso de elaboración.
Sin perjuicio de esto, la empresa avanza con numerosas obras de infraestructura e inversiones contempladas dentro de la “emergencia ferroviaria”, cuyo objetivo es viabilizar la futura concesión de los servicios.
Tal como viene explicando este medio, en el caso de los trenes de pasajeros tampoco se exigirá a los futuros concesionarios la realización de obras ni la modernización del material rodante, que seguirán estando a cargo del Estado. Los potenciales interesados en participar del proceso, de hecho, ya han hecho saber que su interés está condicionado a que el Estado compre material rodante nuevo, lo que explica -por ejemplo- la reciente reactivación de la compra de cochemotores diésel.
Los detalles del proceso aún permanecen abiertos a definición. Tal como reveló este medio, días atrás el Gobierno solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la realización de una consultoría técnica para la elaboración de un esquema para la concesión de los trenes metropolitanos de pasajeros.
De acuerdo al documento difundido por el organismo, el objetivo es definir las formas de participación privada en el sistema y una hoja de ruta para su implementación.
En cualquier caso, el organismo ya dio por descontado que el sistema continuará recibiendo subsidios estatales. Este aspecto, sumado a la experiencia aún parcialmente vigente de la privatización implementada en la década de 1990, permite cuestionar el argumento del ahorro fiscal esgrmido por las autoridades para justificar la reprivatización del sistema ferroviario.
El Gobierno pide ayuda al BID para justificar la privatización de los trenes metropolitanos
