Los gerentes nombrados por el gobierno anterior en Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y en otras empresas estatales se resisten a dejar sus cargos y pretenden ser indemnizados por montos millonarios.
A principios de este año, el nuevo Gobierno completó la renovación del elenco dirigente de las empresas ferroviarias. En el caso de la SOFSE, la presidencia pasó del macrista Marcelo Orfila al massista Martín Marinucci, mientras que la vicepresidencia y los puestos del directorio quedaron en manos de personas ligados a la nueva gestión.
Sin embargo, tal como había anticipado enelSubte, un grupo de gerentes designados durante la gestión de Orfila se resisten a renunciar a sus cargos. Según pudo saber este medio, los “atrincherados” no son los gerentes de líneas sino los vinculados a las áreas administrativas de la empresa. La apuesta de estos personajes es ser despedidos e indemnizados.
Durante el macrismo, cabe recordar, la estructura de gerencias en SOFSE se multiplicó. El organigrama de la empresa fue modificado para crear cargos hasta entonces inexistentes (por ejemplo, la Gerencia Comercial o la de Comunicación Corporativa), que fueron ocupados por funcionarios provenientes del sector privado. De hecho, hasta llegaron a alquilarse oficinas en Puerto Madero para albergar a los nuevos cargos.
En línea con esto, la SOFSE aprobó 2016 un “salariazo” –que fue objeto de polémica entonces, ya que pasaron a cobrar los sueldos más altos de la adminstración pública nacional, por encima del presidente- no sólo para la presidencia y las gerencias, sino también para los “asesores CEO”, un cargo inexistente en la estructura de la empresa.
Los gerentes que se niegan a renunciar tienen, en efecto, importantes sueldos que en algunos casos superan los 200 mil pesos mensuales. Dado que la SOFSE es una sociedad del Estado y por lo tanto, sometida a la ley de contrato de trabajo, y que está en vigencia la emergencia ocupacional, los gerentes serían beneficiados por la doble indemnización. La compensación a pagar, para un funcionario con cuatro años de antigüedad, ascendería a unos dos millones de pesos por cargo.
En el Gobierno aseguran que la situación es “insólita” y que lo que corresponde es que los funcionarios de designación política renuncien. No obstante, el Ministerio de Trabajo ya estudia mecanismos para poder desvincularlos.
