El próximo 8 de junio, el Reino Unido celebrará elecciones generales anticipadas para elegir un nuevo parlamento. La semana pasada se filtró, finalmente, el programa electoral con el que el que concurrirá a las urnas el Partido Laborista, la actual oposición al gobierno de la primera ministra conservadora Theresa May.
Una de las propuestas centrales del programa laborista es la renacionalización de los ferrocarriles británicos. El líder del partido, Jeremy Corbyn, un impulsor de la estatización de los servicios básicos, había prometido incluir esta política en la plataforma electoral al asumir la jefatura de la oposición.
En concreto, el laborismo propone que los servicios ferroviarios reviertan al Estado una vez que caduquen las 18 concesiones vigentes, un modelo similar al que establece la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos. Es decir, una vez que vencen los contratos, estos no volverían a ser licitados. Esta metodología es considerada ampliamente como la menos traumática y la más barata para el fisco, de acuerdo con un informe de la BBC.
Las razones que impulsan la nacionalización y la derogación de la Ley de Ferrocarriles de 1993 son varias: el Estado subsidia a las operadoras privadas por más de 3 billones de libras al año, lo que sin embargo no impide que las tarifas en el Reino Unido sean varias veces superiores a las que se pagan en Europa continental. Para peor, son constantes las demoras, cancelaciones y protestas de los usuarios por deficiencias en la prestación de los servicios.
Al igual que en Buenos Aires, donde el 82% aprueba que el Subte sea estatal, la opinión del público parece ser ampliamente favorable a la nacionalización: una reciente encuesta de YouGov asegura que el 58% está a favor y sólo el 17% en contra. En tanto, una encuesta realizada entre los lectores del diario The Guardian lleva ese número hasta el 93%.
Al igual que en otros países, en la década del 90 el Reino Unido aprobó reformas en el sector ferroviario que llevaron a la separación de operación e infraestructura. A diferencia de varios países europeos continentales, el Reino Unido privatizó incluso la compañía administradora de la infraestructura. La misma debió ser reestatizada a los pocos años (como Network Rail) ante la falta general de mantenimiento e inversión del privado: el ferrocarril no se ajustaba a un modelo de rentabilización.
La separación entre operación e infraestructura fue recientemente revisada por Francia, que resolvió reunificar ambas áreas en manos de la histórica empresa estatal SNCF, lo que acabó inspirando la ley de Ferrocarriles Argentinos.
Los servicios británicos fueron desregulados, pero a diferencia de lo ocurrido en otros países europeos, donde siguieron existiendo operadoras estatales predominantes (caso de Renfe en España, SNCF en Francia, DB en Alemania y otras), en la cuna del ferrocarril florecieron un sinnúmero de operadoras privadas, lo que produjo una balcanización de la red.
Pese a que el Reino Unido no cuenta con una operadora ferroviaria estatal, muchas de las compañías que manejan servicios en ese país son subsidiarias de compañías estatales de otros países europeos tales como las citadas DB, SNCF e inclusive Nederlandse Spoorwegen (ferrocarriles holandeses), un modelo parecido al que Rodríguez Larreta quiere copiar para el Subte porteño.
