A lo largo y a lo ancho del mundo, la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 sacude a todos los sectores económicos, pero sus efectos han sido particularmente duros para la actividad del transporte en general y de los ferrocarriles en particular.
Los efectos de la crisis se hacen sentir especialmente para las compañías ferroviarias de capitales privados, que no cuentan con el respaldo de los Estados, y cuyo negocio se ha tornado inviable en las actuales circunstancias.
Gran Bretaña, único país de Europa en el que los servicios ferroviarios son predominantemente privados fue la primera en proponer una solución: una renacionalización temporaria de la red y la suspensión del esquema de concesiones mientras dure la emergencia de la pandemia, tal como explicó este medio días atrás.
En el resto de Europa, la operación ferroviaria (especialmente de pasajeros) es estatal por una abrumadora mayoría. Sin embargo, en los últimos años, y a fuerza de la liberalización del sector producto de la implementación del “open access”, han ido apareciendo operadores privados.
Son estos nuevos operadores privados quienes ahora reclaman la urgente intervención del Estado para un salvataje, alegando que la pandemia está “aniquilando” su negocio e incluso alertando que algunas operadoras podrían quebrar este mismo mes si no se toman medidas urgentes.
Así lo aseguraron desde la asociación AllRail, que nuclea a la italiana Nuovo Transporte Viaggiatori – NTV (conocida por su tren de alta velocidad Italo), la austríaca Westbahn (que recientemente vendió algunos de sus trenes Stadler a la estatal Deutsche Bahn), las checas Regiojet y Leo Express y la sueca MTR (subsidiaria de la estatal MTR de Hong Kong y concesionaria del Metro y la red de trenes suburbanos de Estocolmo), entre otros.
Entre las medidas reclamadas por esa agrupación de operadores privados se encuentran la entrega de préstamos estatales, la postergación del pago de impuestos y cargas laborales, el otorgamiento de garantías estatales sobre los créditos tomados, la posibilidad de aplazar el pago de las cuotas de leasing del material rodante que operan y la suspensión del pago de cánones por el uso de la infraestructura (estatal) hasta fines del 2021 “para ayudar a la recuperación económica posterior a la crisis”.
En suma, la intervención estatal requerida por las operadoras ferroviarias implicaría el otorgamiento de subsidios directos e indirectos a las compañías privadas, que en numerosos casos compiten con las empresas estatales, también afectadas por la crisis y a las que también deberán sostener los estados europeos.
